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Tras beneficio a homicida: gobierno apunta a antigua ley y reitera que busca eliminar rebajas de pena

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El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reiteró la postura del gobierno frente a los beneficios que permiten reducir penas a personas condenadas por delitos graves, en medio de la controversia que se generó —entre otros casos— por la rebaja de la condena otorgada a homicida desde la misma administración de José Antonio Kast.

Al respecto, el secretario de Estado apuntó a la existencia de una ley vigente desde 2003, además de otras normativas que permiten acceder a este tipo de benficios.

En esa línea, sostuvo que el Ejecutivo considera necesario impulsar cambios legales para dificultar su obtención y asegurar que las condenas se cumplan de manera efectiva.

Cabe precisar que el caso que volvió a instalar la discusión esta semana fue publicado por BBCL Investiga e involucra a Peter Andrés Rojas Gallardo, condenado a cinco años de presidio por el homicidio de Jorge del Carmen Frez Olivares, un adulto mayor de 83 años, ocurrido en agosto de 2022 en la comuna de Catemu, región de Valparaíso.

Consultado al respecto, el titular de Seguridad dijo: “Nos hemos referido ampliamente a estos temas. Voy a repetir siempre lo que hemos dicho del Ministerio de Seguridad, que es lo que a nosotros nos compete, recordar que hay una ley del año 2003 que habilita gran parte de estas cosas, aparte de otras normas que habilitan rebaja de condenas y ciertamente, cosas que la gente llama la puerta giratoria”.

Asimismo, destacó que desde el punto de vista policial, se cumple con la labor correspondiente, pero que es necesario avanzar en modificaciones legislativas para abordar la problemática.

“Desde el punto de vista policial, se realiza la labor y nosotros como Ministerio de Seguridad lo hemos planteado varias veces que hay que cambiar varias leyes en la medida que las condenas se cumplan, que sea más difícil para adquirir estos beneficio”, complementó.

De esta manera, el Ejecutivo volvió a insistir en la necesidad de revisar el marco legal que permite acceder a rebajas de condenas, planteando mayores restricciones para que condenados accedan a la obtención de dichos beneficios.

Fuente: BioBioChile

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