Un funcionario del Servicio Local de Educación Pública de Atacama llevaba 4 años y 2 meses suspendido preventivamente y continuaba percibiendo remuneraciones, según el informe de la Contraloría General de la República. A nivel nacional, 30 funcionarios acumulaban más de tres años bajo esta medida.
La Contraloría General de la República detectó un total de 485 funcionarios de la Administración Central suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos entre 2020 y marzo de 2026. La cifra no considera a funcionarios municipales y forma parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 elaborado por el organismo fiscalizador.
Una de las situaciones más extensas identificadas corresponde a la región de Atacama. De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Contraloría, un funcionario del SLEP Atacama permanecía suspendido preventivamente desde hacía 4 años y 2 meses.
La cifra sitúa este caso entre los períodos de suspensión más prolongados detectados por el organismo, junto con situaciones registradas en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), con 4 años y 7 meses, y el SLEP Santiago Centro, con 4 años y 6 meses.
30 funcionarios llevaban más de tres años suspendidos
El informe establece que 13 funcionarios permanecían suspendidos por más de cuatro años, mientras que otros 17 acumulaban entre tres y cuatro años bajo esta medida.
En total, son 30 casos que superaban los tres años de suspensión preventiva al momento de la revisión.
La suspensión preventiva es una herramienta contemplada en el Estatuto Administrativo que permite apartar temporalmente a un funcionario mientras se desarrolla una investigación disciplinaria. Por regla general, esta medida no implica la pérdida de sus remuneraciones.
Sin embargo, la Contraloría advierte que cuando los procedimientos administrativos se prolongan excesivamente, las autoridades responsables deben revisar su estado, adoptar medidas para acelerar su tramitación y determinar eventuales responsabilidades derivadas de las demoras.
Los 30 sumarios pasarán a Contraloría
A raíz de los antecedentes detectados, la Contraloría determinó que los 30 sumarios correspondientes a funcionarios que llevaban más de tres años suspendidos dejarán de ser tramitados por los organismos donde se iniciaron y pasarán al propio órgano contralor.
La medida busca establecer las razones de la extensión de estos procedimientos y determinar si existen eventuales responsabilidades de las autoridades que ordenaron los sumarios y que no realizaron un control oportuno sobre su avance.
Además, los organismos que mantengan funcionarios suspendidos preventivamente por más de un año deberán informar, dentro de un plazo de 15 días hábiles, si el respectivo sumario terminó, entregar una justificación fundada para mantener la suspensión o informar las acciones adoptadas para acelerar su conclusión.
También deberán iniciar procedimientos disciplinarios destinados a establecer eventuales responsabilidades por las demoras detectadas.
$671 millones en remuneraciones
Otro de los antecedentes que entrega el informe corresponde al gasto asociado a las suspensiones prolongadas.
Según la información recopilada, el Estado desembolsó aproximadamente $671 millones en remuneraciones correspondientes únicamente a los diez casos con los períodos de suspensión más extensos identificados durante la fiscalización.
La Contraloría también detectó que 22 funcionarios suspendidos registraban otras actividades remuneradas durante el período de suspensión, de acuerdo con antecedentes proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos.
El informe menciona además situaciones particulares que complejizan la tramitación de los sumarios: dos funcionarios suspendidos se encontraban cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva; en otro caso, el fiscal que había decretado una suspensión preventiva también se encontraba suspendido.
Asimismo, se identificaron 20 funcionarios cuyos sumarios estaban a cargo de fiscales que ya no trabajaban en los respectivos servicios.
La fiscalización también detectó casos de funcionarios suspendidos que registraron viajes al extranjero o asistencia a casinos durante el período de suspensión.
Contraloría anuncia nuevas verificaciones
El organismo fiscalizador informó que realizará acciones de control adicionales para comprobar la calidad y veracidad de los antecedentes entregados por los servicios públicos.
La revisión se concentrará especialmente en aquellos organismos que no respondieron a la solicitud de información o cuyos antecedentes no resulten suficientemente consistentes para respaldar los datos reportados.
Estas nuevas acciones también contemplarán procesos desarrollados en municipalidades, ámbito que no fue incluido en el universo de 485 funcionarios de la Administración Central informado en este consolidado.
Nuevo instructivo refuerza control sobre las suspensiones
Como parte de las medidas adoptadas, la Contraloría General emitió el Instructivo N°29, de 16 de septiembre de 2026, destinado a reforzar el control sobre las suspensiones preventivas decretadas durante los sumarios administrativos.
El documento recuerda que esta medida tiene carácter temporal y debe mantenerse únicamente mientras resulte necesaria para garantizar el éxito de la investigación.
La Contraloría señala además que la etapa investigativa de un sumario no debería exceder, como regla, los 60 días hábiles establecidos por la normativa, y establece que los fiscales deben revisar periódicamente si continúa siendo necesario mantener la suspensión.
Cuando ya no exista riesgo para la investigación, la medida debe ser levantada.
El organismo advierte que mantener una suspensión más allá de plazos razonables podría afectar los principios de eficiencia y celeridad administrativa, además de eventualmente generar responsabilidades para quienes participan en la tramitación del procedimiento.
Como mecanismo adicional de seguimiento, todas las resoluciones que decreten o dejen sin efecto una suspensión preventiva deberán ser informadas en el Sistema de Acciones Derivadas (SIAD). La medida busca permitir un monitoreo de la duración de estas suspensiones y generar alertas para evitar que una herramienta concebida como temporal se prolongue durante años.
El caso de Atacama
El caso identificado en el SLEP Atacama, con 4 años y 2 meses de suspensión preventiva, forma parte de los 30 procedimientos que, por superar los tres años, serán asumidos por la Contraloría General de la República.