Una auditoría de la CGR identificó pagos de subsidios de arriendo a 168 personas fallecidas y beneficiarios que no cumplían los requisitos del programa. Las irregularidades detectadas superan los $239 millones y dieron origen a medidas de regularización y procedimientos disciplinarios.
La Contraloría General de la República (CGR) identificó pagos de subsidios de arriendo a 168 personas fallecidas, así como beneficiarios que recibieron el bono pese a no cumplir con los requisitosestablecidos para el programa.
En concreto, las irregularidades detectadas superan los $239 millones y dieron origen a medidas de regularización y procedimientos disciplinarios.
Se trata de una auditoría financiera realizada al Programa de Integración Urbana de Campamentos, administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y ejecutado por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y los Serviu regionales.
Dicha investigación del ente contralor detectó diversas irregularidades en la entrega de subsidios de arriendo entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026.
168 fallecidos recibieron subsidios de arriendo
En el Informe N° 314, la Contraloría identificó que, en el marco de esta iniciativa, 168 beneficiarios del subsidio se encontraban fallecidos.
También se advirtió que la Subsecretaría de Vivienda demoró hasta 1.133 días en regularizar los contratos asociados a estos casos, situación que generó un perjuicio fiscal estimado en $110.884.553.
19 beneficiarios tenían contratos con cónyuges
A ello se suman 19 beneficiarios que mantenían contratos de arriendo con sus propios cónyuges, una situación incompatible con los requisitos del programa. Los pagos efectuados en estos casos totalizan $14.405.016.
Asimismo, la Contraloría constató que dos personas continuaron percibiendo subsidios de arriendo pese a haber sido beneficiadas previamente con una vivienda durante 2024. Los desembolsos realizados en estas situaciones ascienden a $3.539.119.
Frente a estos hallazgos, el organismo de control instruyó a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo regularizar ante el BID la totalidad de los gastos asociados a beneficiarios que no cumplían con las condiciones exigidas para acceder al subsidio.
Además, la entidad deberá concluir el procedimiento disciplinario iniciado para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas por la auditoría.
Fuente: BioBioChile
