El alcalde de Tierra Amarilla cuestionó duramente la actuación de autoridades regionales luego de que funcionarios de la Dirección General de Aguas (DGA) cursaran una infracción al municipio por la intervención de un sifón ubicado en el río Copiapó, medida que, según explicó, fue ejecutada para disminuir el riesgo de desborde y proteger a la población durante la actual emergencia.
De acuerdo con el jefe comunal, el sifón atravesaba el cauce y generaba un punto de acumulación de agua que podía favorecer nuevos desbordes, situación que, afirmó, ya había contribuido a emergencias registradas durante los aluviones de 2015 y 2017.
El alcalde sostuvo que el municipio había solicitado previamente autorización y coordinación con autoridades gubernamentales para realizar los trabajos, pero aseguró que no obtuvo una respuesta oportuna. Ante ello, señaló que decidieron intervenir directamente el sector con apoyo de otros actores.
“Estamos muy consternados en Tierra Amarilla por lo que ha hecho el Gobierno”, afirmó, acusando falta de coordinación y cuestionando que la DGA destinara funcionarios y vehículos a fiscalizar al municipio mientras la comuna continúa enfrentando una situación de emergencia.
Según relató, la infracción fue cursada durante la jornada por una funcionaria de la DGA, luego de gestiones de la Seremi del MOP. El alcalde consideró que la fiscalización debió postergarse hasta que finalizara la emergencia.
“Me parece inaudito que durante esta catástrofe y esta emergencia, el Gobierno mande a funcionarios prioritariamente (…) a cursar una infracción al alcalde y a la Municipalidad de Tierra Amarilla por haber hecho algo que era para salvar vidas”, sostuvo.
El jefe comunal también cuestionó el rol de la delegada presidencial de Atacama, a quien acusó de no haber mantenido una coordinación adecuada con el municipio durante la emergencia. Aseguró que desde la Delegación no se le habría consultado por el estado de los albergues ni por las necesidades de la comuna.
Además, criticó que la fiscalización se produjera mientras, según su versión, el municipio trabajaba con maquinaria gestionada junto a empresas mineras y otros organismos para enfrentar la emergencia.
Otro de los puntos planteados por el alcalde fue la situación de los derechos de agua asociados al sector intervenido. Según afirmó, la persona que reclamó por la destrucción del sifón no sería dirigente ni representante de la Junta de Vigilancia ni de la comunidad de aguas involucrada.
El alcalde puso en duda que existieran cultivos de relevancia en el área urbana que pudieran verse afectados por la intervención y cuestionó los intereses detrás del reclamo. No obstante, estas afirmaciones corresponden a su versión de los hechos y no fueron respaldadas en la entrevista con antecedentes documentales.
“Yo creo que aquí hay gato encerrado”, manifestó, anunciando que solicitará que la situación sea fiscalizada.
El jefe comunal también destacó el respaldo recibido, según indicó, del gobernador regional Miguel Vargas, la senadora Daniella Cicardini y el alcalde de Copiapó, quienes habrían acudido al sector durante la emergencia.
Finalmente, el alcalde reiteró sus críticas al Gobierno y pidió al Presidente José Antonio Kast revisar el funcionamiento de la Delegación Presidencial de Atacama. A su juicio, las autoridades deben priorizar la coordinación en terreno y la protección de la población por sobre procedimientos administrativos durante una emergencia.
OPINIÓN DE LA SENADORA CICARDINI
Senadora cuestiona multa a alcalde de Tierra Amarilla durante emergencia climática
La parlamentaria calificó como “descriteriada” la decisión de cursar una infracción al alcalde Cristóbal Zúñiga por intervenir preventivamente un sector del río Copiapó, en medio del sistema frontal que afecta a la Región de Atacama.
En medio de la emergencia climática que afecta nuevamente a la Región de Atacama, la senadora Cicardini cuestionó la decisión de cursar una multa al alcalde de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, por trabajos de intervención preventiva realizados en el río Copiapó, específicamente en el sector Ojanco.
Según explicó la parlamentaria, las labores ejecutadas por el municipio buscan reducir los riesgos asociados a la acumulación de agua, escombros y la eventual obstrucción del cauce producto de las precipitaciones.
“Nosotros estamos en una segunda emergencia climática en la Región de Atacama producto de estos frentes de mal tiempo que hemos tenido en la última semana”, señaló la senadora, quien manifestó su preocupación por el riesgo que las lluvias representan para la población.
La parlamentaria cuestionó que, en este contexto, se hayan iniciado acciones administrativas contra el jefe comunal.
“Yo lamento profundamente que la delegada haya dado una instrucción al Ministerio de Obras Públicas y, de la misma forma, el Ministerio de Obras Públicas a la Dirección General de Aguas”, afirmó.
La senadora sostuvo que las prioridades de las autoridades durante una emergencia deberían estar enfocadas en la protección de la población y no en procedimientos administrativos derivados de las acciones preventivas ejecutadas por el municipio.
“No puedo entender que existan medidas tan descriteriadas como la que hemos visto con esta multa que se le cursa al alcalde”, manifestó.
En esa línea, pidió al Gobierno concentrar sus esfuerzos en la emergencia y evitar, a su juicio, obstáculos a las labores preventivas desarrolladas por los equipos municipales.
“Yo le pediría al Gobierno que mejor se dedique a utilizar el tiempo valioso que tienen en esta emergencia, precisamente a salvar vidas, que es lo que está haciendo el alcalde, y que no ponga trabas ni tampoco estorbe en esta emergencia”, sostuvo.
Reclamo de un particular
Consultada por la versión del alcalde respecto de que una tercera persona habría realizado un reclamo que posteriormente derivó en la fiscalización y notificación, la senadora señaló que pueden existir intereses particulares, pero que estos no deberían estar por sobre la protección de la comunidad.
“Pueden existir algunas observaciones por intereses particulares, pero eso no puede estar por sobre el cuidado y la protección de la población en su integridad”, indicó.
La parlamentaria agregó que el procedimiento administrativo también implica destinar tiempo y recursos que, en este momento, deberían estar enfocados en las labores de emergencia.
A su juicio, una vez superada la contingencia climática será necesario solicitar explicaciones a las autoridades responsables respecto de la decisión adoptada.