La acción constitucional fue presentada el 29 de julio y busca revertir la decisión del Concejo Municipal que rechazó la renovación de las patentes del “Local Play Boy”. La empresa advierte que el cierre del establecimiento pondría en riesgo siete empleos y obligaciones financieras superiores a los $80 millones.
La Sociedad Comercial Gutiérrez Hermanos Compañía Limitada presentó el pasado 29 de julio 2026, un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó en contra de la Municipalidad de Copiapó, luego que el Concejo Municipal rechazara la renovación de las patentes de alcoholes que permiten el funcionamiento del establecimiento nocturno “Local Play Boy”, ubicado en calle Maipú N.º 641.
La acción constitucional busca dejar sin efecto el decreto alcaldicio que materializó el acuerdo adoptado durante la Sesión Ordinaria N.º 21 del Concejo Municipal, celebrada el 1 de julio de 2026, en la que por siete votos contra dos se rechazó la renovación de las patentes comerciales del recinto.
De acuerdo con el recurso, la negativa del municipio se sustentó en una fiscalización realizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por ruidos molestos, procedimiento que según la empresa, concluyó con una sanción administrativa ya cumplida.
La defensa sostiene que utilizar ese antecedente para impedir la renovación de las patentes constituye una medida desproporcionada y configura una “doble sanción” por un hecho ya resuelto por la autoridad competente.
Asimismo, el recurso cuestiona que el decreto alcaldicio no contenga una fundamentación propia, limitándose a reflejar el resultado de la votación del Concejo Municipal, mientras que las razones del rechazo solo aparecen consignadas en el acta de la sesión.
Entre los antecedentes expuestos ante la Corte, la empresa afirma que la ejecución del decreto municipal tendría consecuencias inmediatas para la continuidad del negocio.
Según el recurso, el rechazo definitivo de las patentes obligaría a liquidar la empresa para hacer frente a más de $80 millones en obligaciones, cifra que considera $67.837.790 en pasivos comerciales y $12.178.166 en obligaciones laborales.
Además, sostiene que el cierre del establecimiento dejaría sin fuente laboral a siete trabajadores, afectando también a sus familias.
La presentación señala que el perjuicio económico y social sería de carácter irreversible, incluso si posteriormente los tribunales acogieran la acción constitucional.
Junto con el recurso de protección, la empresa solicitó a la Corte una orden de no innovar para suspender los efectos del decreto mientras se resuelve el fondo del caso.
La petición busca impedir que la Municipalidad clausure el establecimiento o impida su funcionamiento, además de permitir el pago provisorio de las patentes de alcoholes durante la tramitación de la causa.
El recurso invoca la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, la libertad para desarrollar una actividad económica lícita y el derecho de propiedad, además de citar jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la obligación de motivar adecuadamente las decisiones administrativas.
Ahora será la Corte de Apelaciones de Copiapó la que deberá resolver, en primer término, la solicitud de suspensión de los efectos del decreto y, posteriormente, pronunciarse sobre el fondo de la controversia.