La colectividad denuncia que una propiedad de su dominio permanece ocupada sin autorización desde 2021. El tribunal declaró admisible la acción penal y remitió los antecedentes a la Fiscalía Local para iniciar la investigación.
La acción judicial fue ingresada el 21 de julio a través de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial.
El Juzgado de Garantía de Copiapó declaró admisible la querella criminal presentada por el Partido Socialista de Chile por el presunto delito de usurpación no violenta de un inmueble de su propiedad ubicado en calle Vallejo N.º 224, en la capital de la Región de Atacama.
La acción judicial fue ingresada el 21 de julio, y se dirige contra quienes resulten responsables, por hechos que, según la colectividad, podrían constituir el delito tipificado en el artículo 458 del Código Penal.
De acuerdo con la querella, el inmueble se encuentra inscrito a nombre del Partido Socialista de Chile en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó correspondiente al año 2019.
La organización política señala que la propiedad fue adquirida mediante escritura pública de compraventa suscrita el 28 de junio de 2019. En el escrito se sostiene que la vivienda habría sido ocupada desde aproximadamente marzo de 2021 por personas cuya identidad aún no ha sido establecida y que, según la denuncia, permanecen en el inmueble sin autorización ni título que justifique su ocupación.
Tribunal declaró admisible la querella
Tras revisar los antecedentes, el Juzgado de Garantía Copiapó, acogió a tramite y declarando admisible la querella.
La resolución ordena remitir inmediatamente todos los antecedentes y documentos acompañados a la Fiscalía Local de Copiapó, organismo que asumirá la dirección de la investigación penal.
Dentro de la acción judicial, la representación del Partido Socialista solicitó que la Fiscalía instruya diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI) con el objetivo de identificar a las personas que ocupan actualmente el inmueble, tomar declaraciones a eventuales responsables y testigos, además de reunir antecedentes que permitan esclarecer los hechos.
La querella también solicita que, una vez acreditados los antecedentes, se decrete el desalojo de la propiedad, su restitución al Partido Socialista de Chile y que se apliquen las sanciones contempladas por la legislación vigente a quienes resulten responsables.
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