El reajuste al sector público requerirá de US$822 millones extra para su financiamiento, los que deberán proveerse mediante reasignaciones y/o un mayor uso de provisiones, según concluyó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en base a la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda.
Esta fue la principal conclusión del organismo técnico, expuesta frente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Al respecto, la presidenta del CFA, Paula Benavides, advirtió que las presiones sobre el gasto que no estén previstas en la Ley de Presupuestos podrían añadir riesgo para el incumplimiento de las metas fiscales.
Y en esta línea, recordó que en octubre ya hizo notar al Congreso que el entonces proyecto de Presupuestos del sector público no tenía un ajuste por inflación en el gasto en personal.
Por ello, cualquier medida extra debía adoptarse en el marco de los límites del Presupuesto aprobado para así resguardar la meta de Balance Estructural de 2026 y que de lo contrario, “se generaría presión sobre el resto del presupuesto”, afirmó, consignada en un comunicado del CFA.
Falta financiamiento por vías permanentes en el proyecto de reajuste al sector público
“El financiamiento del proyecto de reajuste 2026 recae fundamentalmente en las provisiones y capacidades de reasignación”, dijo Benavides, alertando que el costo del mismo reduce las holguras en las provisiones al 0,07% del PIB, por debajo de las vistas en 2014 (0,27%) y 2018 (0,25%).
A su vez, otras dos fuentes de financiamiento serían un artículo donde se establece que cada tres funcionarios que se retiren, solo se podrá contratar a uno, generando un ahorro de US$119 millones según la Dirección de Presupuestos (Dipres), sumado a que se prevé que de la asignación 275 se usen US$11 millones para financiar incentivos al retiro en el Poder Judicial, médicos y financiar la cotización del empleador para APS y subvenciones.
Así, Benavides afirmó que se observan “presiones de financiamiento por US$822 millones (0,22% del PIB), descontando al costo del reajuste los US$616 millones de lo provisionado y los US$230 millones de las mitigaciones antes señaladas”.
Y sobre la asignación 275, la presidenta del CFA dijo que los recursos deben cubrir los gastos aleatorios comprometidos en las respectivas leyes permanentes, por lo que no son de libre disposición.
En cuanto a los US$345 millones de margen remanente por asignación 104, Benavides dijo que estos deben asegurar disponibilidad para financiar emergencias y contingencias.
“El proyecto de reajuste involucra gastos permanentes, lo que introduce presiones de igual naturaleza, por lo que las fuentes de financiamiento deben ser permanentes, lo que no se da, por ejemplo, en el diferimiento de contrataciones”, sentenció.
Fuente: BioBioChile