Este martes el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley de reajuste del sector público, el cual además de reajuste parcelado del 3,4% de las remuneraciones, considera el polémico “amarre” para evitar ciertos despidos en el aparato estatal; más la inclusión de normas de protección para las asociaciones.
En las 167 páginas del documento (disponible al final de esta nota) se plantea -en términos generales- el reajuste general de remuneraciones para los funcionarios, bonos, aguinaldos y la modificación de “diversos cuerpos legales”.
Según la estimación de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el costo de la ejecución del proyecto -como está presentando ante el parlamento- es de $1.597.776 millones para este año, lo que incluye el pago retroactivo del 2025. Para 2027, el costo será de $1.147.426 millones.
El grueso del gasto considera los reajustes de sueldos. En 2026, se estima un desembolso fiscal de $838.643 millones solo en ese concepto, mientras que en aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad el monto es de $5,1 mil millones.
Ingresa al Congreso el proyecto de reajuste al sector público
Se detalla que en las negociaciones con la mesa del sector público -compuesta por diversos gremios, entre ellos la CUT y la Anef- se acordó una estrategia de negociación gradual y diferenciada al establecer un reajuste total del 3,4% parcelado (2,0% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026, lo que equivale fiscalmente a un 2,8% promedio), logrando equilibrar las demandas gremiales con la responsabilidad fiscal.
En esta línea, se otorga un reajuste superior al 5% para las remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos, reforzando el compromiso gubernamental con la justicia social y la priorización de los sectores más vulnerables.
De manera textual, la introducción del proyecto señala: “Un hito político fundamental es el compromiso de distinguir de manera clara el personal que presta asesoría directa en gabinetes, de las y los funcionarios públicos que no son de designación política. Respecto de los primeros, por primera vez un gobierno saliente adquiere un compromiso legal de que su personal asesor deba cesar en el cargo junto con las autoridades que lo designaron”.
“Y respecto de los segundos, se plasman por ley los criterios de no discrecionalidad establecidos en instructivos de renovación de contratas emitidos por los Ministros de Hacienda desde 2012 a la fecha”.
Se repone, además, la posibilidad de reclamar ante la Contraloría General de la República, que -en la práctica- regía hasta el año 2024.
“Asimismo, el protocolo establece la inclusión de normas de resguardo de las asociaciones de funcionarios y sus dirigentes, para fortalecer así la labor de las asociaciones, así como una serie de materias sectoriales”, manifiesta el proyecto.
“Amarre” y financiamiento marcarán la compleja discusión del reajuste
La discusión parlamentaria del reajuste al sector público se vio atrasada debido tanto al Presupuesto 2026 como a las elecciones presidenciales. Ahora, inicia un periodo que se vislumbra complejo para el Gobierno, considerando los cuestionamientos desde la oposición por la llamada norma de “amarre” y si el proyecto efectivamente estaría financiado.
Por una parte, el Ejecutivo decidió ingresar de forma miscelánea una iniciativa que establece una obligación de desvinculación fundada en el caso de funcionarios públicos de carrera. En caso de que la persona considere que el despido fue injustificado, podría recurrir a Contraloría.
Aunque Ministros de Gobierno han reiterado en varias ocasiones que esto no incluye a las personas de confianza o en puestos políticos -quienes deberán renunciar el próximo 11 de marzo-, desde la derecha han criticado el planteamiento al considerarlo que buscaría dejar en la administración a funcionarios contratados durante el período del Presidente Gabriel Boric.
Otro flanco que se abrió con el pasar de los días fue que, según un análisis de la Universidad San Sebastián (USS), el proyecto de reajuste estaría desfinanciado en cerca de US$1.1500 millones, considerando que el costo de la iniciativa no está en el erario aprobado para este 2026.
Cabe destacar que tras diversas recomendaciones de un grupo técnico bajo la Dirección de Presupuestos (Dipres), se decidió incorporar una de las medidas que fue el “congelamiento” de los sueldos públicos en los niveles de 2025, por lo que no consideraría la variación del IPC en los salarios.
En este sentido, el Presupuesto 2026 sólo incluyó financiamiento por cerca de US$950 millones para “el mayor gasto que signifique el acuerdo con la Mesa” del Sector Público.
Fuente: BioBioChile