El Ministerio Público decidió formalizar a Arturo Correa Cuevas: el abogado que se embolsó $2.870 millones luego de orquestar un pacto secreto con la Compañía General de Electricidad (CGE). Según la documentación judicial revisada por Bío Bío Investiga, al jurista se le comunicarán cargos por prevaricación judicial y administrativa, administración fraudulenta, y delitos tributarios.
Durante 2024 —según información develada por esta Unidad de Investigación— Correa Cuevas representó a diversas víctimas que buscaban una reparación ambiental por los incendios que azotaron la región de O’Higgins en el verano de 2016-2017. En concreto, 14 personas y dos municipalidades —Marchigüe y Paredones— confiaron en sus servicios.
Así, se presentó una demanda contra la CGE. Sin embargo, más tarde al abogado se le acusó de haber negociado a “espaldas de sus clientes” un acuerdo global con la compañía por un monto cerrado de $5.000 millones, a cambio de poner fin a las demandas que él mismo impulsó en favor de sus clientes.
“En un solo acto —y en desmedro de los intereses de los mandantes que representamos y del interés público por el cual debía velar en su calidad de abogado patrocinante de estas dos municipalidades—, CORREA CUEVAS transó todos los juicios iniciados por él de forma global en una sola ‘operación’”, reza el libelo en su contra recogido por este medio.
El mismo documento especifica que el mismo jurista solicitó que “los cheques fueran girados nominativamente a nombre de él y sin cruzar, en su calidad de mandatario judicial”.
Como consecuencia del trato, el profesional del Derecho percibió $2.870 millones. La totalidad de ese monto se dividió en dos apartados: $2.500 millones correspondieron a su porcentaje por honorarios y $370 millones por su trabajo en las ofensivas ambientales.
LA INDAGATORIA DEL SII
Pero eso no fue todo. Según reveló Bío Bío Investiga el año pasado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) lanzó una ofensiva por delitos tributarios contra Correa Cuevas en abril de 2025. En específico, tras realizar una auditoría de sus ingresos, lo acusó de no declarar la totalidad de los dineros que percibió durante el período de ejercicio comercial entre 2019 y 2020.
En concreto, según plantea el órgano fiscalizador, el jurista omitió maliciosamente información que provocó un perjuicio fiscal de más de $1.367 millones. El profesional, a juicio del libelo, no traspasó a las arcas fiscales el dinero correspondiente al Impuesto Global Complementario, como consecuencia de las grandes sumas recibidas durante ese tiempo.
En resumen, el abogado habría intentado montar una maniobra defraudatoria con el objetivo de pagar menos impuestos por los honorarios que cobró a las víctimas del siniestro. La indagatoria del SII estableció que los $2.500 millones percibidos fueron declarados a través de la sociedad “Inversiones y Asesorías San Agustín Limitada”, creada con sus cuatro hijos, de los cuales ninguno es abogado.
Además, depositó los cheques de las indemnizaciones correspondientes a sus clientes —por concepto de reparación— en la cuenta bancaria de su hermano. Por su parte, respecto a los 370 millones por demandas ambientales, no declaró nada en su Operación Renta de 2021.
LA FORMALIZACIÓN
En vista de estos antecedentes, la fiscal adjunta de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Alicia Ascencio, ingresó la semana recién pasado un escrito ante el Séptimo Juzgado de Garantía para comunicarle cargos por prevaricación judicial y administrativa, administración fraudulenta, y delitos tributarios.
Según consta en el documento, a Correa Cuevas se le formalizará en calidad de autor por hechos cometidos en abril y diciembre de 2020, y en diciembre de 2021.
Con todo, la audiencia de formalización se llevará a cabo el próximo 9 de febrero. Desde el tribunal advirtieron que, si el abogado no se presenta de manera injustificada, será conducido al lugar mediante la fuerza pública y podría quedar en prisión preventiva hasta que se realice la audiencia.