Empujado por dos ministras de la Corte Suprema, el Poder Judicial asignó “a dedo” un millonario contrato para renovar su web de fallos. La firma había sido constituida apenas un año antes: nunca había facturado ni a públicos ni a privados ni tenía siquiera espaldas financieras para obtener una boleta de garantía. Con todo, fue elegida en una sesión exprés, invocando la “confianza derivada de experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos”. Hasta hoy, sólo tienen este contrato con organismos estatales.
Más de $470 millones vía trato directo adjudicó la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) a una empresa informática —sin ninguna experiencia previa comprobable— en aras de mejorar la plataforma en línea de búsqueda de fallos, actualmente llamado Portal Unificado de Sentencias.
¿La beneficiaria? Replai SpA, una firma constituida apenas un año antes de la adjudicación de los dineros y que, hasta entonces, nunca antes había emitido una factura. De hecho, la firma en cuestión ni siquiera tenía cómo respaldar una boleta de garantía.
Algunos de los que conocieron de las tratativas internas apuntan al rol clave que jugaron en el proceso dos ministras de la Corte Suprema: María Cristina Gajardo Harboe y Adelita Ravanales Arriagada. Ambas, aseguran los consultados, impulsaron la contratación de Replai ante Consejo Superior de la CAPJ en la que se selló el acuerdo.
Desde el Poder Judicial, en tanto, explican que las magistradas intervinieron exclusivamente en el contexto de un encargo que el Pleno del máximo tribunal les hizo, en relación con la modernización del buscador unificado de fallos.
La propuesta
De acuerdo con antecedentes tenidos a la vista por BBCL Investiga, todo comenzó en una sesión del Consejo Superior de la CAPJ que se llevó a cabo el 15 de junio de 2023. Ese día, la instancia que se dedica a gestionar los recursos humanos, financieros y tecnológicos estuvo integrada por el entonces presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, y las ministras consejeras Angélica Repetto García y María Teresa Letelier.
De forma extraordinaria, en la oportunidad participaron también las mencionadas ministras Gajardo y Ravanales, pese a que no integraban el Consejo Superior.
¿El objetivo de su participación? Presentar ante sus pares una propuesta de modernización al antiguo Portal de Jurisprudencia del Poder Judicial.
De hecho, así quedó registrado en el acta: “Para la exposición del siguiente tema ingresan las ministras de la Corte Suprema, señora María Cristina Gajardo Harboe, de forma presencial, y señora Adelita Ravanales Arriagada, de forma telemática”.
A renglón seguido, el mismo documento detalla la que fue la presentación de los profesionales que estaban detrás de la empresa:
“Para la relación de la propuesta técnica del proyecto ‘Buscador Unificado de Fallos’, ingresa el equipo de consultores integrado por don Alejandro Jofré, Daniel Pereda y Ricardo Arancibia”.
Esto últimos dos, son ingenieros civiles matemáticos graduados de la Universidad de Chile y socios fundadores de Replai SpA.
Factura Nº1
Sea como sea, la instancia superior aprobó ese mismo día la contratación —vía trato directo— de los profesionales. Para el efecto, utilizaron la firma Replai SpA, a cambio de $472 millones por sus servicios. Eso, pese a que se trataba de una sociedad constituida 12 meses antes con un ínfimo capital societario de $750 mil y que nunca antes había emitido una factura. O sea, su experiencia previa era derechamente incomprobable.
No obstante, la causal del Reglamento de Compras Públicas que se invocó para justificar la contratación por esa vía, saltándose la licitación correspondiente, fue la “confianza derivada de experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos”. Esta puede utilizarse siempre y cuando no exista otro proveedor que entregue esa misma “confianza y seguridad”.
Según una revisión de esta Unidad de Investigación, Replai sólo tiene a su haber un contrato con empresas públicas: el del Poder Judicial.
De esta forma, casi cuatro meses más tarde de la sesión del Consejo —específicamente el 12 de octubre de ese mismo 2023— Replai SpA emitió la primera factura de su historia ¿El monto? $47 millones correspondientes a un adelanto del 10% del total acordado.
Sin espaldas financieras
Según consta en los documentos, en el contrato entre el Poder Judicial y Replai SpA no está contemplada una cláusula de garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En simple, se trata la clásica boleta de garantía con la que un organismo estatal o institución se asegura de poder recuperar su dinero en caso que el proveedor falle en algo.
En este caso, la empresa no pudo obtener la boleta en cuestión, ya que no contaban con respaldo financiero suficiente para que un banco les emitiera el documento.
Por ello, el 10 de octubre de 2023, dos días antes que Replai emitiera su primera factura, el Consejo Superior de la CAPJ autorizó la emisión de un certificado de fianza. Se trata de un mecanismo que no es lo habitual en este tipo de transacciones: se cambió el tradicional banco por MasAVAL. Se hizo por 1.298 UF (más de 50 millones a cambio de hoy).
Ampliación fallida
Según consta en las actas del Consejo Superior, en la sesión del 11 de enero de 2024, las ministras abogaron nuevamente en favor de Replai SpA.
En el caso de la magistrada Gajardo, esta vez ella participó de la cita en calidad de consejera. Es decir, oficialmente como parte del órgano administrativo. Por su parte, la ministra Ravanales lo hizo acompañando el ingreso de dos representantes de la compañía informática.
¿El objetivo? Discutir la ampliación del contrato a Replai SpA, que había ofrecido dos alternativas para un plan que apuntaba al desarrollo propio de herramientas para anonimizar sentencias.
El consultor senior de Replai, Alejandro Jofré, expuso sobre las ventajas de la propuesta que ellos ofrecían, detallando dos opciones: una “versión básica” a cambio de $900 millones más IVA por 24 meses y otra “versión completa” a un precio de $1.100 millones más IVA, también por 24 meses.
Sin embargo, ninguna de esas alternativas fue aprobada por la instancia. Ello, después que el entonces ministro consejero, Jean Pierre Matus, señalara que ninguna norma legal obligaba a la CAPJ a publicar las sentencias y anonimizar fallos. Por otro lado, se hizo presente que el proceso no tenía financiamiento previo y específico, por lo que era imposible mantener el traspaso de dineros para 2024.
De acuerdo con el acta, el presidente del Consejo Superior y de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, fue quien zanjó el asunto. Considerando los montos involucrados, las dudas surgidas y otras controversias, estimó que lo más conveniente era constituir una comisión que evaluara alternativas y el costo-beneficio real de ampliar el contrato con la misma firma.
El blindaje
Durante el segundo semestre de ese mismo año —específicamente en agosto de 2024— una denuncia que por esos días había circulado en diversos grupos de WhatsApp de funcionarios fue tema obligado de una nueva sesión del Consejo Superior de la CAPJ.
Así quedó de manifiesto en el acta respectiva, donde se explicita que la ministra consejera Adelita Ravanales Arriagada fue quien hizo presente la situación. Fue ella quien, según el documento, dio cuenta del contenido de la acusación. En simple, apuntaba a supuestas irregularidades en las que había incurrido la CAPJ en el contexto del proyecto adjudicado a Replai y otras iniciativas.
A juicio de Ravanales, eso constituía “un grave ataque contra la honra” de los ministros mencionados, por lo que solicitó al jefe del Departamento Jurídico de la CAPJ detallar qué medidas podrían tomarse. En respuesta, el aludido Pablo Maccioni Quezada —según el acta— indicó que era posible hacer averiguaciones tendientes a determinar quién fue el autor de la carta y posteriormente iniciar una investigación disciplinaria contra la persona.
Eso sí, él desaconsejaba cualquiera de esas acciones porque podrían ser vistas como represalia o un intento de ocultar alguna irregularidad. Por ello, propuso levantar toda la información de los casos para blindarse.
Según el acta, el argumento que utilizó Maccioni fue que eso les permitiría “estar preparados por si se solicitara informar a algún organismo público o ante eventuales requerimientos de información de algún medio de comunicación social”.
No obstante aquello, de todas formas la ministra Ravanales insistió en que debía instruirse una investigación disciplinaria para determinar si existían responsabilidades funcionarias “dada la absoluta tergiversación de los hechos relatados”, apuntando a que “debe levantarse toda la información de los temas señalados, con el máximo detalle, para efectos de preparar la información fidedigna en caso de ser requerida y así tener un registro completo de lo efectivamente ocurrido”.
Su par, la ministra consejera María Cristina Gajardo, la apoyó y puso énfasis en la necesidad de trabajar para prevenir distorsiones de la información.
Como sea, en su intento por empujar una investigación no tuvo apoyo ni de la entonces ministra consejera y actual presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, ni del por esos días mandamás del máximo tribunal, Ricardo Blanco Herrera.
La primera hizo hincapié en que una indagatoria podría inhibir futuras denuncias, mientras que el segundo expuso sobre la importancia de “manejar adecuadamente” las comunicaciones internas. En esa línea, indicó que —en su criterio— no debían admitirse más denuncias anónimas, sólo con reserva de identidad argumentando que debe existir responsabilidad de quién las hace.
Poder Judicial responde
Inquirido el Poder Judicial, indicaron que ambas ministras actuaron “en cumplimiento de la tarea encomendada por el Pleno de la Corte Suprema, a cargo del proyecto de buscador unificado de fallos”.
En esa línea, destacaron desde el organismo, el Consejo Superior de la CAPJ resolvió en noviembre de 2022 convidar a la ministra Gajardo para que expusiera su opinión sobre el proyecto de anonimización de sentencias de cara a 2023.
Sobre cómo conocieron a los profesionales que estaban detrás de Replai SpA, desde el organismo indicaron que fue en medio de un proceso de búsqueda de apoyo posterior a una auditoría encargada a la Contraloría interna que marcó el camino a seguir.
Fue en ese contexto que se terminaron entrevistando con gente del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, encabezado por Alejandro Jofré. Además, destacaron la realización de un focus group con relatores e investigadores de la Corte Suprema, además de reuniones con personeros de la Dirección de Estudios de la Fiscalía Nacional, de la Contraloría General de la República, de LemonTECH, del CENDOJ de la Corte Suprema de España y de la Universidad de Concepción.
Consultado el PJUD respecto a los fundamentos que esgrimieron las juezas para optar por apoyar a Replai SpA por sobre otras opciones, citaron los argumentos que ellas dieron en la sesión del Consejo Superior de la CAPJ donde se zanjó el asunto.
De esa forma, recordaron que “en dicha sesión el Consejo Superior acordó contratar la propuesta del proyecto “Buscador Unificado de Fallos”, con el equipo de profesionales liderado por el consultor don Alejandro Jofré, todos profesionales del Centro de Modelamiento Matemático y Gestión de Big Data de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile“.
Eso, indican, “sin hacerse referencia a una empresa en particular, por lo tanto la experiencia a que se refiere el acta sería al equipo de profesionales que expuso”.
Al cierre, en relación con la boleta de garantía que no pudo presentar la firma, afirmaron que en una sesión del 10 de agosto de 2023 se “tomó conocimiento de esa situación” y se “acordó autorizar el cambio de instrumento de garantía (…) reemplazando la boleta bancaria de garantía por certificado de fianza o póliza de seguro de garantía, nominativas, no endosables, pagaderas a la vista e irrevocables”.
“Esta sustitución no es aislada, se encuentra acorde con la política implementada para contrataciones”, acotaron en relación con eso último.
Sin respuesta
Consultada la empresa, optaron por no responder las preguntas. “Con el comunicado de las ministras [Poder Judicial], se responden a las preguntas formuladas”, indicaron a través de un escueto correo electrónico.
La comunicación deja entrever una coordinación previa entre la firma y las magistradas ante las consultas de esta Unidad de Investigación que no fueron respondidas. No aclararon, por ejemplo, la relación que existía entre ellos con las juezas ni cómo surgió la idea de presentar un proyecto al Poder Judicial. Tampoco explicaron de qué forma pudieron probar su “experiencia” comprobada que justificó el trato directo.
Además, posterior a la solicitud de este medio, la firma eliminó de su página web los nombres de los integrantes de su equipo, incluyendo el de sus socios fundadores, Daniel Pereda y Ricardo Arancibia, y el del consultor senior (quien estuvo a cargo del proyecto), el ingeniero civil matemático Alejandro Jofré.
Fuente: BioBioChile