El presidente de la Comisión Investigadora de Codelco expresó su esperanza de que la Contraloría deje sin efecto el acuerdo en la toma de razón, último paso del proceso que se conocerá en los próximos días.
El diputado Cristian Tapia (Ind-PPD), presidente de la Comisión Investigadora de Codelco, encabezó una reunión con la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, junto a otros parlamentarios, para solicitar información sobre el avance del requerimiento de fiscalización presentado en junio de 2024, respecto de la legalidad del acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el Salar de Atacama.
Tras el encuentro, el diputado Tapia enfatizó que existe expectativa en que la Contraloría no tome razón del acuerdo, lo que permitiría retrotraer el proceso y avanzar hacia mecanismos que resguarden de mejor forma el interés público.
“Este ha sido un proceso muy largo y con mucha oscuridad en la forma en que se ha manejado este contrato entre Codelco y SQM para explotar por 30 años más el yacimiento de litio más importante del mundo, con la mejor reserva y la mejor ley, como es el Salar de Atacama. Creemos que acá no se hizo lo que correspondía, que era una licitación”, afirmó el diputado Tapia.
El parlamentario agregó que “hoy nos queda el último paso, que está en manos de la Contraloría: la toma de razón. Ahí está nuestra mayor esperanza, en que esta toma de razón no se resuelva positivamente para Corfo, que se retrotraiga todo el proceso y que se hagan los procedimientos que el país realmente necesita”.
Tapia también advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales del acuerdo: “Aquí hay muchos recursos económicos de por medio, recursos que van a quedar mayoritariamente en manos de la familia de Ponce Lerou, en vez de beneficiar a nuestra gente en salud, educación, vivienda, seguridad y en todas las áreas donde el país hoy día tiene urgencias reales”.
En la reunión también participó la diputada Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano), quien valoró el rol fiscalizador encabezado por el diputado Tapia y señaló que “queremos saber qué está ocurriendo en este último proceso, que es la toma de razón. Como comisión investigadora hemos seguido de cerca todo lo relacionado con este contrato entre Corfo y SQM, especialmente este trato directo por los próximos treinta años”.
La parlamentaria agregó que “estamos cumpliendo con nuestro rol fiscalizador para resguardar recursos que son fundamentales para el país, por eso seguimos atentos y en diálogo con la Contraloría, apoyando para que pueda pronunciarse plenamente, incluso en un contexto donde el Poder Judicial ha ido limitando estas posibilidades de intervención”.