El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la suspensión de la causa por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. En el caso —que tiene entre sus imputados al actual jefe de Estado, Gabriel Boric—, el Ministerio Público pretendía comunicar su decisión de no perseverar el próximo mes. Con esta acción, el querellante busca poder presentar una acusación directamente contra el mandatario, sin contar con el respaldo de la fiscalía.
La Fundación Fuerza Ciudadana —representada por los abogados Raimundo Palamara y Nubia Vivanco— presentó el 1 de diciembre un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el TC, por la causa de la casa de Allende.
En su escrito, se argumenta que el Ministerio Público, al aplicar en este caso su facultad de no perseverar, impide que el querellante pueda presentar una acusación por su cuenta, al no estar formalizada la investigación.
“Si nos va bien en el Tribunal Constitucional podremos interponer nosotros directamente la acusación contra Gabriel Boric, sin necesidad de formalización del Ministerio Público”, comenta Raimundo Palamara a Bío Bío Investiga.
Un cierre tras 10 meses de investigación
El caso por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende se inició en enero de este año. Tras el anuncio por parte del Gobierno de que se había firmado una compraventa con la sucesión del exmandatario, se reveló que dos de las dueñas, la entonces ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, poseían inhabilidades constitucionales para celebrar contratos con el Estado.
Aparte de ellas, entre los imputados se encuentra el presidente Gabriel Boric. El mandatario ha dicho públicamente que fue uno de los principales impulsores de la idea de comprar la propiedad.
Además, figuran en la misma calidad, entre otros, la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval; la titular del Ministerio de las Culturas, Carolina Arredondo, y el exasesor presidencial Miguel Crispi.
Luego de cerca de diez meses de investigación, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, informó el 20 de octubre que el Ministerio Público no perseveraría en la acción penal pues no había “reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”. Ante ello, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia para comunicar la decisión para el 2 de enero, citando a los intervinientes.
El TC entra en escena
Sin embargo, el miércoles de la semana pasada la Segunda Sala del TC admitió a trámite el requerimiento planteado por Fuerza Ciudadana. En él, pide que se declare inconstitucional la aplicación de dos artículos del Código Procesal Penal.
El primero de ellos (248 letra C) otorga al Ministerio Público la facultad de no perseverar en la investigación. El segundo (259 inciso final) impide que se proceda a acusar a imputados por hechos no formalizados.
“Es lisa y llanamente una aplicación inconstitucional (…) al impedir que el querellante pueda ejercer las facultades que le son propias, como el forzar la acusación”, expresa el escrito.
En conversación con la Unidad de Investigación de Bío Bío, el abogado Raimundo Palamara aseguró que de esta manera los querellantes quedan con las manos atadas.
“Significa darle la exclusividad en la persecución penal al Ministerio Público, la que no tiene: sólo tiene la exclusividad en la investigación, no en la persecución”, acusó.
Fiscalía se hace parte
En su resolución, el TC accedió a la suspensión de la causa y comunicó la decisión al Séptimo Juzgado de Garantía. Dos días después, este último dejó sin efecto la citación a audiencia.
El TC dio 10 días a los involucrados para oponerse a la admisibilidad del recurso. Hasta el momento sólo se ha hecho parte el fiscal nacional, Ángel Valencia, en representación del Ministerio Público.
Para actuar en la causa, Valencia confirió poder al director de la Unidad de Recursos Procesales y Jurisprudencia de la Fiscalía Nacional, Pablo Campos, y a los abogados de la misma sección Hernán Ferrera y César Bunger.
El Tribunal Constitucional envió el 11 de diciembre mediante carta certificada su resolución a los imputados, incluido el presidente Boric.
Fuente: BioBioChile