La Bancada de Diputados Republicanos solicitó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) información detallada sobre el aumento de las denuncias por uso irregular de viviendas sociales en distintas regiones del país.
La petición surge luego de que un informe de Transparencia, elaborado con datos de la Subsecretaría de Vivienda, revelara 5.942 denuncias por esta práctica entre 2022 y 2025. Entre los casos se incluyen inmuebles deshabitados, ocupaciones irregulares, uso distinto al habitacional y arriendos o cesiones a terceros.
El diputado Republicano Cristián Araya, integrante de la Comisión de Vivienda, calificó la situación como “en extremo preocupante e injusta”, considerando que “muchas familias esperan hace años, e incluso más de una década, por una vivienda propia”.
Araya añadió que el problema se agrava por “la evidente falta de fiscalización del Minvu”, por lo que la bancada decidió oficiar a todos los directores de los Serviu desde Arica a Magallanes, solicitando información detallada sobre el número de fiscalizaciones y sanciones aplicadas entre enero y octubre de este año.
Los parlamentarios enfatizaron que este tipo de prácticas afectan la credibilidad de las políticas habitacionales y pidieron al Ejecutivo mayor control y transparencia en la asignación y supervisión de las viviendas sociales.