La exfuncionaria de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), María Fernanda Rebolledo Díaz, imputada en la causa por tráfico de ketamina a bordo de aviones institucionales, denunció estar siendo víctima de amenazas a su integridad física y hostigamiento sexual que “la han llevado a un límite insostenible”. Todo esto, al interior del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel y como consecuencia de haber denunciado una irregularidad.
Es en ese recinto penal, y desde hace más de tres meses, donde la mujer cumple con la medida cautelar de prisión preventiva en el marco de la investigación que actualmente lleva adelante la Fiscalía Regional de Tarapacá. Esto último, luego que la Fiscalía de Aviación se declarara incompetente para continuar conociendo del proceso.
De acuerdo con la querella presentada por el Ministerio de Seguridad Pública, en su calidad de tripulante del Boeing 737 de la FACh en el que se pretendía el traslado de cuatro kilos de ketamina, la cabo primero Rebolledo Díaz actuó como una colaboradora para el transporte de la droga.
El “soplo”
Tras un fallido intento por rebajar la medida cautelar que pesa sobre su clienta, el abogado Gabriel Pérez Ibacache, ha presentado ante el Juzgado de Garantía de Iquique dos cautela de garantías con el objetivo de mejorar las condiciones carcelarias de la exfuncionaria.
Y es que, según se desprende de los escritos, desde hace varias semanas la otrora funcionaria de la aviación castrense viene sufriendo amenazas a su integridad física de parte de una interna, hostigamiento sexual de otra de las compañeras en el Módulo de Connotación Social y persecución de una oficial de Gendarmería.
Todo comenzó cuando, a solicitud de sus propias compañeras, la excabo Rebolledo redactó una carta con el propósito de solicitar formalmente al personal penitenciario el reemplazo de la reclusa designada para gestionar la adquisición de útiles de aseo. Esto, considerando las “deplorables, antihigiénicas e insalubres” condiciones en las que se encontraba la sección a la que pertenecían.
En ese contexto, se lee en la presentación ante la justicia, en la misiva se puso en conocimiento de Gendarmería sobre “la apropiación indebida de $300 mil correspondientes a útiles de aseo por parte de la persona sindicada como la encargada de dichas compras”.
Eso provocó que la aludida, una interna de apellido Ojeda que está en prisión preventiva por maltrato corporal a menores y promover la explotación sexual, amenazara a Rebolledo, apuntando precisamente a su condición de ex-uniformada.
“Fernanda ha sido objeto de múltiples amenazas y situaciones desfavorables dentro de su día a día que la han llevado a un límite insostenible”, planteó su abogado en su primera cautela de garantías.
En su intento por informar de esta situación a otra interna mediante una carta, la defensa de Rebolledo denuncia que la comunicación fue interceptada por Gendarmería, quienes además le habrían informado a la imputada Ojeda de la nueva acusación en su contra.
Maleta sospechosa
Declaraciones de los implicados en el narco-vuelo fallido de principio de julio reconstruyeron la forma en la que el maletín con ketamina terminó en las manos de la cabo Rebolledo.
El también cabo primero Mauricio Ponce Dinamarca, en una declaración de siete carillas tenida a la vista por la Unidad de Investigación de Bío Bío, desclasificó cómo —de acuerdo a su versión— junto a su compañero de armas, Elías Villalonga Martínez, logró burlar los sistemas internos de la institución, para coordinar los envíos de estupefacientes desde Iquique a Santiago.
De esta forma, detalló cómo consiguió que varios de sus compañeros se involucraran en el traslado de la maleta en cuestión. El primero que aparece mencionado es Danilo Rivas Pulgar (28). El mecánico de estructuras en aeronaves facilitó su domicilio para la llegada de la valija. Si bien no está claro si Rivas conocía el contenido del equipaje, lo cierto es que él mismo reconoció su implicancia.
Así, al día siguiente, a primera hora del 30 de junio, tomó la maleta y la llevó hasta la base aérea Los Cóndores, en Iquique. La idea ahí —por instrucción de Villalonga— era entregársela a un cabo primero de apellido Iturriaga.
Pero, la operación falló.
El funcionario no pudo recibir el encargo, puesto que se encontraba ocupado, en medio de las faenas propias de su servicio. La maleta terminó durante casi tres días al interior de dependencias de la FACh, hasta que Ponce y Villalonga —desde Santiago— lograron que el encargo fuese traspasado a otros de los detenidos: Rodrigo Silva Fuentes (33). Ocurrió el miércoles 2 de julio, cuando Rivas llevó a bordo de un Kia Sportage blanco a concretar la entrega.
“Él no se presentó conmigo, sólo me entregó la maleta, diciendo que era el encargo del cabo Ponce”, dijo Silva.
Según consta en la indagatoria, este último funcionario fue el encargado de trasladar la maleta directamente hasta el avión, el Boeing 737 de la FACh del que era tripulante María Fernanda Rebolledo Díaz.
Perseguida por una oficial
Envíos de droga aparte, en un segundo intento por conseguir el traslado de su representada al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, el abogado Pérez Ibacache ingresó el viernes pasado una segunda cautela de garantías.
Esta vez, detalló el nombre de la oficial de Gendarmería quién sería la precursora de las amenazas: la mayor Ruiz de Gamboa. Según acusa, la oficial de la institución verde boldo fue la que personalmente le comunicó a la interna Ojeda el nombre de la autora de la carta donde fue denunciada por la apropiación indebida de $300 mil destinados a útiles de aseo.
Todo esto, recalca el jurista, con el objeto de que “ella (Ojeda) pueda tomar las represalias que estimare, poniendo gravemente en peligro la integridad física y psicológica de mi clienta”.
Además, en el escrito se sostiene que tras la primera presentación ante el tribunal la situación para Rebolledo empeoró al interior del módulo. Al menos eso percibió ella cuando comenzó a ver que todo el personal de Gendarmería comenzó de un minuto a otro a usar las cámaras corporales GoPro encendidas en todo minuto. De hecho, en reiteradas oportunidades funcionarias se le acercaron a hacer preguntas con la cámara grabando en todo momento.
“Es plenamente una vulneración de diversas garantías constitucionales en especial atención a la privacidad de las comunicaciones personales y la falta de autorización para dicha grabación”, reza el documento.
Por si todo eso fuera poco, la exfuncionaria de la FACh le comunicó a su abogado que otra interna comenzó a acosarla. En concreto, la mujer le ha solicitado insistentemente mantener un encuentro sexual y ante su negativa, acusó a Rebolledo de estar manteniendo relaciones con otra de las reclusas.
“Ante esta situación, mi defendida hizo ver esta circunstancia a la coronel y a personal de Gendarmería, quienes no han adoptado ninguna medida disciplinaria al interior del establecimiento, lo que también implica un constante peligro de que se vea afectada su integridad física, psicológica, e inclusive su indemnidad sexual”, planteó el legista.
“Denigrante”
Consultado por este medio, el abogado Gabriel Pérez Ibacache afirmó que “cada vez las condiciones carcelarias de María Fernanda son más deplorables”. Aseguró que lo que más le juega en contra, tanto con las internas como con las funcionarias de Gendarmería, es su condición de exintegrante de la FACh.
“Esto involucra, por supuesto, un malestar por parte del resto de las imputadas, amenazas, gritos… es una constante en contra de ella”, subraya.
Respecto de la mayor Ruiz de Gamboa, Pérez apuntó a que “ella en su cargo ha hecho uso de sus facultades de supervigilancia y de dirección respecto de otras funcionarias de menor grado para que tengan un trato diferenciado y denigrante hacia mi clienta”.
En este escenario, además del traslado al CPF de San Joaquín, en esta oportunidad el jurista solicitó que se apliquen las sanciones o medidas disciplinarias que correspondan a las funcionarias implicadas por lo que calificó como actuaciones “ilegales y arbitrarias”.
Con todo, el Juzgado de Garantía de Iquique ofició al alcaide del CPF San Miguel para que informe sobre los hechos expuestos por el defensor de la imputada en un plazo de 72 horas que culminó este martes 28.
Junto con eso, ordenó a Gendarmería “adoptar todas las medidas que sean necesarias para preservar la integridad física y psíquica” de la imputada por los narcovuelos de la FACh.
Pese a reiterados intentos, hasta el cierre de esta publicación no fue posible obtener respuestas oficiales de parte de Gendarmería de Chile.
Fuente: BioBioChile
