Más de 300 días se demoró el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en denunciar ante la justicia un delito cometido por un funcionario al interior de la Procuraduría Fiscal de Santiago. Documentos judiciales dan cuenta que varios altos funcionarios del organismo, incluido su presidente, se enteraron durante diciembre de 2024 de que un administrativo había grabado partes íntimas de una colega utilizando el celular fiscal que tenía a su cargo. Pese a que se dispuso el inicio de un sumario administrativo que terminó con la desvinculación del implicado, la abogada de la víctima asegura que fruto del tardío accionar del CDE, que recién en octubre de este año presentó una querella, a su representada “se le generó cierta vulneración adicional”.
El Ministerio Público está investigando a un hombre que, mientras era funcionario del Consejo de Defensa del Estado (CDE), fue sorprendido grabando partes íntimas de una colega al interior de la oficina del organismo. Por más de 10 meses, la institución mantuvo lo ocurrido en la sede de calle Agustinas, en Santiago, sin denunciarlo a la justicia.
De acuerdo con antecedentes tenidos a la vista por la Unidad de Investigación de Bío Bío, el principal hecho investigado ocurrió el 6 de diciembre de 2024. En esa fecha, Patricio Zúñiga Valdebenito, quien se desempeñaba como procurador de Tribunales Superiores del CDE en Santiago, utilizó el teléfono fiscal que tenía a su cargo para capturar imágenes de partes íntimas de una compañera de trabajo.
Según documentos judiciales, varios altos funcionarios del órgano colegiado, incluido su presidente Raúl Letelier Wartenberg, se enteraron de la denuncia en el mismo mes en que acaecieron los hechos. Sin embargo, recién en octubre de este año —y en buena parte tras la insistencia de la abogada de la denunciante— decidieron presentar los antecedentes ante la justicia mediante una querella.
Hoy quien representa legalmente a la víctima, la abogada de Derechos Humanos Karinna Fernández, apunta a la posibilidad cierta de que el contenido que se encontró almacenado en el teléfono fiscal del funcionario pudo haber sido compartido a través de internet. Eso, recalca, daría pie a la imputación de más delitos.
Acto repulsivo
Minutos antes del mediodía del 6 de diciembre de 2024 una persona externa al Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó hasta la sede central del prestigioso organismo para ofrecer productos. En ese contexto, varios de los funcionarios —incluida la víctima— se movieron hacia el sector sur del segundo piso del edificio para observar el muestrario instalado sobre una de las mesas de trabajo ubicadas en ese lugar.
Fue en ese contexto, de acuerdo con lo declarado por testigos en el sumario administrativo que se hizo, que Zúñiga Valdebenito aprovechó que su colega estaba desprevenida para comenzarla a grabar con el celular por debajo del vestido. Eso, con el claro propósito de obtener imágenes de sus partes íntimas.
Lo que el procurador del CDE no advirtió fue que otras dos funcionarias del servicio lo estaba observando. Más que eso: una de ellas incluso alcanzó a fotografiarlo mientras ejecutaba la acción ilícita.
Pocos minutos más tarde la afectada se enteró del acto del que había sido víctima. Así, ese mismo día la mujer denunció lo ocurrido al área de Recursos Humanos del CDE, al amparo de la Ley Karin.
Cesado de funciones
Según pudo comprobar este medio, una semana después de presentada la denuncia se inició un sumario administrativo a cargo del abogado Francisco Marchant, quien fue designado como fiscal instructor para la investigación interna.
El propio Marchant, quien se desempeña como auditor en el CDE, le tomó declaración seis días después a la denunciante y a las dos mujeres que fueron testigos oculares de la situación. Ellas le mostraron la fotografía que le habían sacado a Zúñiga Valdevenito mientras grababa a su colega.
Con todos esos antecedentes en su contra, cuando el 10 de enero de 2025 Zúñiga Valdebenito tuvo que declarar ante el fiscal del sumario, no tuvo más opción que reconocer los hechos.
Fruto de la investigación administrativa interna, en primera instancia el funcionario fue sancionado con una suspensión de tres meses con goce de medio sueldo. Sin embargo la afectada interpuso un recurso atendida la gravedad de lo ocurrido, consiguiendo que el presidente del CDE revocara esa pena inicial y ordenara la destitución del implicado.
A la justicia ordinaria
En paralelo al proceso investigativo interno, la víctima decidió por mutuo propio exponer los hechos ante la justicia ordinaria. Lo hizo mediante la presentación de una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en febrero de este año.
Aquella acción trajo réditos. Al poco andar, la investigación penal que actualmente dirige la fiscal Patricia Varas, jefa de la Fiscalía de Género Centro Norte, permitió detectar la existencia de una nueva víctima.
Y es que en el marco de diligencias encargadas por el Ministerio Público, en abril de este año se concretó la incautación del teléfono fiscal que usaba Zúñiga Valdebenito. Un análisis de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) permitió encontrar imágenes de una segunda funcionaria del CDE que habían sido capturadas con el mismo modus operandi. Obviamente sin el consentimiento de la mujer.
¿Lo más grave? Este nuevo delito lo habría cometido el funcionario del CDE en marzo de este año, según los datos que extrajo la policía. Es decir que, en medio del sumario seguido en su contra, no tuvo reparos en continuar espiando a más colegas.
Omitieron denuncia
Con todo, la afectada decidió a inicios de este mes acudir nuevamente la justicia. Esta vez para hacer presente el delito de omisión de denuncia en el que habían incurrido los funcionarios del CDE que conocieron del hecho del que fue víctima y no lo denunciaron a las autoridades competentes. Eso, considerando que la ley establece que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar delitos de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
En efecto, la mujer acusó que ni el fiscal instructor del sumario, Francisco Marchant; ni el procurador fiscal de Santiago, Marcelo Chandía; ni el presidente del CDE, Raúl Letelier; ni el jefe directo del denunciado, Andrés Neira —todos quienes supieron de lo ocurrido en su minuto— hicieron la denuncia respectiva.
Pese a que su argumento era válido y la justicia podría haber iniciado un proceso penal en contra de estos cuatro funcionarios públicos, la fiscal adjunta de la Fiscalía Local del Centro de Justicia de Santiago, Liliana Machuca Pinochet, resolvió abstenerse de toda investigación.
Esto, apuntando a que “los hechos denunciados están prescritos, extinguiéndose consecuentemente la responsabilidad penal de los imputados”. Según argumentó la persecutora ante el tribunal, todos estos empleados públicos se enteraron de lo ocurrido en diciembre de 2024, por lo que a octubre de este año ya habían transcurrido más de los seis meses que establece el Código Penal para la prescripción de los delitos faltas.
CDE acusa golpe
Sólo días después de esta resolución de la fiscal, y en medio de la presión ejercida por la abogada de la víctima, quien incluso intentó —sin éxito— reunirse el presidente de la entidad, el Consejo de Defensa del Estado concretó la presentación de una querella en contra de su ahora exprocurador de Tribunales Superiores.
De esta forma, con la admisibilidad de la acción penal, el CDE se hizo parte de la investigación en favor de la víctima. Lo hizo 10 meses después de la denuncia interna. Se trata de una acción “tardía” a juicio de abogada de la víctima, Karinna Fernández. En conversación con BBCL Investiga, la experta en Derechos Humanos advirtió que es “muy lamentable” que el CDE haya postergado tanto su deber oportuno de denunciar un hecho de estas características.
“Si bien nosotros valoramos la existencia de esta querella, no podemos dejar de evidenciar que es tardía. Se consolidó una omisión de denuncia durante un largo tiempo, que efectivamente daña los derechos de las víctimas, que las pone en situación de vulnerabilidad. Recordemos que en este caso también hay una serie de víctimas que no están determinadas, esto es que aún debe investigarse”, subrayó la jurista.
Agregando que “el apropiado, pero muy retardado del Consejo Defensa del Estado (…) generó cierta vulneración adicional a a mi representada”.
También la abogada cuestionó el hecho que el Ministerio Público no asignara desde el comienzo la investigación a una unidad especializada de género, lugar donde está actualmente.
“Creo que nuevamente estamos en una situación (donde queda) al debe el actuar oficioso de instituciones, porque esta causa debería haber estado en la fiscalía en una unidad especializada, donde existiera un análisis de la información con una óptica específica de afectaciones a los derechos de las mujeres”, planteó.
Además, la representante de la víctima adelantó que en los próximos días presentarán una ampliación de querella para que se investigue si Zúñiga Valdebenito, además de la captación de imágenes íntimas de colegas, cometió más delitos relacionados con la posible divulgación de las imágenes.
A medias
En respuesta a una serie de preguntas específicas sobre este caso buscando entender, por ejemplo, por qué ninguno de los cuatro funcionarios del CDE, incluido su presidente, denunció antes los hechos a la justicia; o si se hizo alguna revisión a los protocolos internos, el organismo emitió una declaración.
En la misma afirman que “desde que se tomó conocimiento de esta situación, el Consejo de Defensa del Estado adoptó las medidas tendientes al resguardo y protección de la víctima afectada”.
En esa línea, añaden que “durante estos meses, se inició el sumario administrativo correspondiente que terminó con la destitución del funcionario y tras culminar dicho proceso, fueron conocidos los antecedentes de la carpeta investigativa del Ministerio Público los que nos permitieron analizar la procedencia de presentar una querella, lo que finalmente se hizo, con nuevos antecedentes disponibles en ella”.
Agregando que “la causa penal actualmente se encuentra en proceso y a cargo de una unidad especializada del servicio”.
En relación con las preguntas que hizo llegar este medio, el órgano se excusó de responderlas haciendo presente que “todas ellas inciden en un proceso judicial en actual tramitación que tiene el carácter de reservado, por tanto, y resguardando los derechos de la funcionaria, no podemos emitir pronunciamiento sobre el particular”.
Por su parte, desde la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte indicaron que la investigación está en desarrollo y que “se han impartido diversas diligencias y además, se han solicitado pericias”, detallando que actualmente “la investigación es dirigida por la fiscal Patricia Varas, jefa de la Fiscalía de Género Centro Norte”.
Respecto de la decisión de la fiscal Machuca Pinochet de no investigar a los funcionarios del CDE que omitieron la denuncia, el Ministerio Público no se pronunció.
Hasta el cierre de esta edición no fue posible contactar a directamente a Patricio Zúñiga Valdebenito, quien actualmente está siendo representado en la causa por la Defensoría Penal Pública. Desde esta última institución explicaron que, habiendo transcurrido muy pocos días desde que se le asignó una defensa pública tras la admisibilidad de la querella del CDE, todavía ningún abogado de ellos ha tomado contacto con el imputado.
Fuente: BioBioChile
