A 52 años del golpe militar que provocó el quiebre de la democracia en nuestro país, aún nos falta conocer el paradero y saber la verdad de las desapariciones forzadas de 1.469 personas a lo largo y ancho de nuestro territorio. La desaparición forzada no es un hecho del pasado ni una mera categoría jurídica. Es una herida abierta que afecta a la dignidad de las víctimas, a sus familias y a la sociedad en su conjunto. Continuar buscando verdad y justicia, no es un acto de odio ni de venganza es lograr un requisito mínimo para lograr reparar el daño ocasionado a miles de familias. Por ello, realizar todos los esfuerzos necesarios para encontrar a quienes aún nos faltan, es un imperativo ético y democrático para Chile.
El derecho internacional reconoce la desaparición forzada como una violación múltiple y continuada de derechos humanos que, cuando es sistemática o generalizada, constituye un crimen de lesa humanidad.
Ante estas graves vulneraciones los estándares internacionales son claros. Tanto la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994) como la Convención Internacional de Naciones Unidas (2006) establecen obligaciones concretas para los Estados: prevenir, investigar, sancionar a los responsables y reparar integralmente a las víctimas. A esto se suma un principio ineludible: la desaparición forzada es imprescriptible y no admite justificación alguna, ni siquiera en situaciones de excepción.
En nuestra región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en subrayar el derecho de las familias a conocer la verdad. No se trata solo de una cuestión procesal; es un derecho autónomo, que reconoce a las y los familiares como víctimas directas. Esa verdad no puede quedar sepultada bajo archivos ocultos ni formalismos judiciales.
Durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, Chile ha dado un paso decisivo con la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, una política pública que busca esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte y el destino final de las víctimas. El Plan recoge principios internacionales: la búsqueda como política de Estado permanente, la complementariedad con la persecución penal, el acompañamiento psicosocial a las familias y, sobre todo, la garantía de participación activa de quienes llevan décadas exigiendo justicia.
Este esfuerzo no es solo una respuesta a obligaciones jurídicas internacionales. Es, sobre todo, un imperativo ético y democrático: porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, y porque la democracia se fortalece al reconocer la verdad, reparar a las víctimas y asegurar que nunca más se repitan estas atrocidades.
Hoy avanza hacia su tercer trámite constitucional en el Congreso, y tras su aprobación en general en la Sala del Senado, la iniciativa legislativa que introduce la calificación jurídica de Ausente por Desaparición Forzada y crea un registro especial para dichos casos.
Tomás Garay Pérez, Abogado , Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama
