La iniciativa busca dotar de mayores herramientas democráticas y representativas a los miembros de las organizaciones de usuarios de agua para la regulación, administración y gobernanza de estos organismos.
La Comisión de Agricultura rechazó, por 6 votos en contra, 3 abstenciones y 1 voto a favor, el proyecto que busca modificar el Código de Aguas para garantizar la participación de los comités y cooperativas de agua potable de servicios sanitarios rurales en los directorios de las comunidades de agua (boletines 17324 y 17325).
La iniciativa, que también venía con rechazo desde la Comisión de Recursos Hídricos, plantea fortalecer la democracia interna de las comunidades de agua con un mecanismo de representatividad equitativa para los comités y cooperativas proveedores de Servicios Sanitarios Rurales.
En concreto, la propuesta postula incorporar un cupo reservado en los directorios de las comunidades de aguas para representantes de dichos comités y/o cooperativas de agua potable rural (APR). Esto, a fin de garantizar su participación efectiva en la toma de decisiones, resguardando, así, el derecho humano al agua potable y al saneamiento desde una perspectiva de equidad y representación justa.
En sus fundamentos, se indicaba que, en el contexto actual de escasez hídrica y cambio climático, existe amplio consenso académico respecto de que la gestión integrada de cuencas constituye el modelo más adecuado para administrar el recurso hídrico, por cuanto considera sus funciones ambientales, sociales y productivas.
Problemática de Agricultura
En un segundo punto, la instancia legislativa recibió, de forma telemática, a los presidentes del Sindicato Nacional del Programa de Desarrollo Local (Prodesal), Alejandro Alicera; y del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI), de la región de Los Lagos, Luis Fernández.
Los dirigentes denunciaron que los proyectos “piloto” de ejecución directa sobre desarrollo local, que se comprometieron en la Ley de Presupuestos 2024 y 2025, no se han cumplido. Señalaron que estos “pilotos” buscaban implementar una ejecución directa de los programas. Ahora, sostuvieron que su incumplimiento afecta a los trabajadores que desempeñan funciones esenciales en las comunidades rurales.
El diputado Mauro González indicó que existe un agotamiento y una desilusión por muchos empleados de Prodesal y PDTI, vinculados al trabajo de los agricultores.
“Se crearon programas pilotos que iban a mejorar las condiciones laborales y estos compromisos no se han cumplido. Necesitamos que la Contraloría pueda auditar estos programas, ver su legalidad y sus faltas administrativas”, remarcó.
Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma estimó que el problema se incrementó en los últimos dos años, pues los recursos del Ministerio de Agricultura han ido levemente a la baja. “Todos sabemos que sin los recursos no hay capacidad de mejorar las condiciones de sus trabajadores”, aseguró.
La diputada Emilia Nuyado, en tanto, planteó que se necesita una mayor participación de las familias campesinas y las localidades de pueblos originarios. Agregó que el Prodesal y el PDTI deben tener un incremento presupuestario. Consideró que se debería incorporar en la Ley orgánica del Indap mejoras en las condiciones de los extensionistas de Indap-Prodesal, de los funcionarios del instituto y de los proyectos de inversión de las familias campesinas.
