Todos los viernes, desde hace un mes, está en tabla de la Corte Suprema una misma causa: la revisión de un recurso de apelación que decidirá el destino judicial del suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra.
Y es que su carrera cambió de golpe: pasó de ser carta para convertirse en fiscal nacional a ser apartado de sus funciones por su “constante flujo de mensajería instantánea a través de WhatsApp” con Luis Hermosilla. Palma, de hecho, fue uno de los primeros funcionarios públicos caídos en desgracia por sus nexos con el penalista, a quien compartió información respecto de una investigación contra narcos locales.
A las revelaciones de los vínculos entre ambos, le siguió una querella de capítulos presentada por el propio organismo donde ingresó en 2001. En sus 24 años en el Ministerio Público, pasó por las fiscalías de Concepción, Talca y Coronel donde se granjeó fama de buen fiscal u hombre ambicioso y “movido”, según a quien se le consulte. Quienes lo conocieron de cerca aseguran que su trabajo prolijo en el Ministerio Público lo combinó con tejer redes en altas esferas del Poder Judicial, la masonería y la Policía de Investigaciones. En 2014 pudo salir del organismo persecutor para ser notario en Curanilahue, pero su candidatura no prosperó.
Viernes tras viernes
Desde el ingreso del libelo, sin embargo, la causa ha estado entrampada. Primero, —tal como reveló BBCL Investiga— por las dificultades de la judicatura coyhaiquina para notificarlo del proceso judicial iniciado en su contra por su par de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. Y, ahora, porque su apelación —para evitar ser formalizado— no ha avanzado en la Corte Suprema.
El ingreso de su recurso ante la primera magistratura judicial del país está fechado el 9 de mayo de este año y fue puesto en tabla para el viernes 16 de ese mes por el ministro de la Segunda Sala, Manuel Valderrama. No obstante, esa primera instancia fue suspendida a solicitud de la propia defensa.
Sea como sea, desde entonces, la apelación ha estado en tabla todos lo viernes de cada semana con igual resultado. Del 16 de mayo pasó al 23, luego al 30, después al 6 de junio y, más recientemente a este viernes 13.
Así, todas las semanas se han inscrito sagradamente para alegar en la causa, la defensa de Palma, y —por el lado de los querellantes— el procurador del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en Aysén y el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos. Según consta en el expediente judicial, Palma se decantó por ser representado por la Defensoría Penal Pública. Su caso lo asumió un equipo liderado por el defensor regional de Aysén, Jorge Moraga Torres.
“Hay otras causas [que revisar] antes”, dicen quienes han seguido de cerca el proceso judicial ante la Suprema para justificar los atrasos.
Como sea, los alegatos podrían materializarse finalmente el viernes del 27 de junio, pues este viernes 20 es feriado.
La filtración
De acuerdo con los antecedentes que fundan la invetigación del Ministerio Público, se comprobó que el suspendido fiscal Palma “mantenía un constante flujo de mensajería instantánea a través de la plataforma WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla Osorio, a lo menos desde el año 2018″.
En este escenario, específicamente el 20 de febrero de 2022 a las 16:10 horas, el fiscal Palma le envió al citado abogado penalista la copia de un audio que contenía una escucha telefónica entre dos de los nueve imputados en la causa por tráfico de drogas. Mismos cuya detención en ese mismo momento estaba siendo controlada en el Juzgado de Garantía de Coyhaique.
“Tengo ene escuchas (…) Tal vez el colega (defensor del imputado por tráfico que vinculado al estudio de Hermosilla) no cacha el detalle… pero es impresentable. Ingenieros de Vitacura traficando 20 kilos de coca para Aysén”, le escribió Palma a Hermosilla justo antes de enviarle el archivo de audio.
Sueldo más bono
Como sea, en caso de concretarse los alegatos a fines de este mes, la causa quedaría en acuerdo a la espera de la redacción del fallo. De rechazarse la apelación de Palma, el suspendido fiscal quedará listo para ser formalizado por sus pares por los delitos de violación de secreto, sancionado por la justicia con una pena de hasta presidio menor en su grado máximo.
En el intertanto —y hasta que se cierre la investigación— el persecutor sigue y seguirá percibiendo su sueldo de 9,4 millones de pesos más una asignación por zona que, en Aysén, equivale a un extra del 210% del sueldo base. Es decir, otros $2,2 millones cada 30 días.
$11,6 millones en total.
Fuente: BioBioChile
