La causa por presuntas irregularidades en la entrega de fondos públicos a la Fundación Madero Social sumó a dos nuevas personas investigadas, entre ellas una alta funcionaria del Gobierno Regional de Atacama.
De acuerdo con información publicada en el sitio web del Poder Judicial, en la causa figuran ahora dos nuevas personas investigadas: la jefa División Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, Ema Albanez, por el delito de fraude al fisco, y otra persona por presunta administración desleal. La causa aún se encuentra en etapa desformalizada, a la espera una nueva fecha para audiencia de formalización.
Como parte de las diligencias, durante el año 2024 la Policía de Investigaciones incautó dispositivos electrónicos desde el domicilio de Percival Madero, incluyendo teléfonos móviles y computadores. Esta evidencia fue clave para recabar antecedentes vinculados a los delitos de fraude al fisco, administración desleal y lavado de activos.
Por su parte, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, se refirió a la investigación del Ministerio Público que involucra a la jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, Ema Albanez. Al ser consultado por Atacama Noticias, señaló “estamos interiorizándonos de esta situación; somos muy respetuosos de las atribuciones y facultades que tienen los organismos competentes. Una vez que tengamos mayor evidencia respecto a este caso en particular, obviamente tomaremos las medidas que correspondan. Por ahora, nos encontramos informándonos sobre el proceso investigativo y, por tanto, lo que corresponde es actuar con cautela y esperar que las instituciones se pronuncien”.
Investigación en Curso
La Fiscalía Regional de Atacama se encuenra realizando una investigación contra quienes integraban el directorio de la Fundación Madero Social durante el año 2022, entre ellos Felipe Barril y Percival Madero, por presuntas irregularidades en la ejecución de fondos públicos asignados por el Gobierno Regional.
Según los antecedentes recopilados, la fundación se adjudicó más de 200 millones de pesos con el objetivo de financiar los premios de la competencia deportiva Atacalar. No obstante, tras realizar el pago a una empresa proveedora de bienes y servicios, esta última habría devuelto parte de los fondos a la fundación, situación que actualmente está siendo indagada por el Ministerio Público.
La proveedora involucrada también está siendo investigada por su rol en este presunto esquema. La audiencia de formalización de cargos, inicialmente fijada para el 2 de mayo, fue reprogramada por el tribunal. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido nuevos antecedentes que apuntan una eventual participación de más personas.
“Los delitos de administración desleal se configuran cuando una fundación postula a fondos públicos y se compromete a ciertos fines, pero dichos fines finalmente no se cumplen. En este caso, los recursos entregados para un fin deportivo habrían sido utilizados de forma indebida, lo que genera una posible responsabilidad penal”. , señaló el fiscal Luis Miranda a cargo del caso en declaraciones a TVN Red Atacama.
La investigación sigue en curso y no se descarta que se sumen nuevos involucrados en las próximas semanas.
