El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por presunto uso desproporcionado de la fuerza durante un procedimiento policial realizado por funcionarios del GOPE en un domicilio particular. El hecho habría afectado a una mujer y un menor de edad (9 años) , quienes denunciaron haber sido agredidos físicamente en el contexto de un allanamiento sin resultados positivos.
Según explicó Jorge, abogado INDH de Atacama, el organismo está facultado legalmente para presentar acciones judiciales cuando se trata de delitos relacionados con torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En este caso, la querella fue interpuesta por el delito de vejaciones injustas, el cual se considera el menos grave dentro de este tipo penal, pero que igualmente constituye una vulneración a los derechos humanos.
“El hecho fue denunciado ante el INDH, pasó por un proceso de entrevista y análisis jurídico para determinar si hubo uso legal, necesario, proporcional y racional de la fuerza. Tras ese análisis, se determinó que existían antecedentes suficientes para presentar una querella”, afirmó Jorge.
El hecho ocurrió durante un operativo de allanamiento en distintos domicilios, relacionados con una investigación por presuntos delitos por la ley 20.000. Sin embargo, en el domicilio de la afectada no se encontró evidencia alguna, y la persona buscada por las autoridades no vivía allí, sino que era un familiar de la víctima.
En la querella y según el relato de la víctima, el hecho ocurrió al interior de su domicilio. En ese momento, escuchó un golpe en la puerta, sin que mediara ninguna advertencia verbal. Al abrir, fue violentamente empujada por una persona no identificada, lo que provocó que la puerta impactara su rostro y el costado de la cabeza de la menor de edad.
La víctima fue derivada hasta el hospital para costatar las lesiones, “El DAU permite tener un registro objetivo de las lesiones y entregar credibilidad al relato de las víctimas”, indicó Jorge.
Jorge explicó que existen protocolos internacionales y nacionales sobre el uso de la fuerza, especialmente en procedimientos policiales. En Chile, las fuerzas policiales cuentan con un protocolo de cinco niveles que regula cómo deben actuar según la conducta del civil involucrado.
“En muchas de las capacitaciones que realizamos a Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, enfatizamos que la fuerza que deben emplear en sus procedimientos es aquella estrictamente proporcional que permita poner al civil a disposición de la justicia. Si se actúa dentro de ese marco, no existe reproche jurídico alguno. Por ejemplo, si una persona es sorprendida cometiendo un robo con violencia o fuerza y se resiste a la detención o intenta huir, el uso de fuerza proporcional dentro de los cinco niveles establecidos está justificado. El uso de la fuerza debe tener como único fin poner al civil a disposición de la justicia. Golpear a alguien esposado o actuar con violencia innecesaria para castigar o amedrentar es ilegal y contrario a los estándares de derechos humanos”, remarcó.
Querella declarada admisible
La querella presentada por el INDH fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía. En ella, se solicita una investigación que se ajuste a estándares internacionales, con diligencias mínimas que aseguren imparcialidad y exhaustividad. La finalidad es que, de establecerse responsabilidades, los autores de los hechos enfrenten un juicio y una eventual sentencia condenatoria.
“El hecho de que no se haya encontrado nada en el domicilio refuerza la necesidad de esclarecer por qué se utilizó ese nivel de fuerza. Incluso si hubiera existido un delito, eso no justifica el uso arbitrario de la violencia”, finalizó el abogado del INDH.
