Autoridades destacaron que la iniciativa busca poner fin a la criminalización y clandestinidad del aborto, protegiendo la salud y la vida de las mujeres en Chile.
Con el inicio de la tramitación del proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y de la Mujer y Equidad de Género de Atacama, realizaron un llamado a debatir desde una perspectiva de salud pública, derechos humanos y dignidad para las mujeres.
Al referirse a la iniciativa presentada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric -que comenzó su discusión el pasado lunes 2 de junio en las comisiones de Salud; Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; y Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados- el Seremi (s) de Salud de Atacama, Richard González, subrayó que “desde una perspectiva sanitaria, debemos procurar y evitar que las mujeres tengan que recurrir a procedimientos en la clandestinidad, muchas veces en condiciones precarias que ponen en riesgo su vida y salud. Este proyecto busca generar las condiciones para mejorar la salud pública, al ofrecer una atención segura, regulada y con acompañamiento médico. Como Gobierno, promovemos una salud que garantice equidad, dignidad y decisiones informadas para todas las personas”.
Desde el Ministerio de Salud se ha reforzado que, pese a los avances en regulación de la natalidad, los abortos siguen ocurriendo y su clandestinidad genera consecuencias graves. La ministra Ximena Aguilera ha advertido que esta situación se traduce en más de 20.000 hospitalizaciones anuales y un acumulado de cerca de 260.000 en los últimos diez años, además de fallecimientos evitables que aún ocurren cada año.
Por su parte, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Fabiola Gallardo, sostuvo que “el objetivo de este proyecto es garantizar que las mujeres puedan acceder a esta prestación sin temor, sin estigmas ni criminalización. Son muchas las que hoy viven esta experiencia en la más absoluta soledad, inseguridad e incertidumbre. Reconocer esta realidad implica ofrecer respuestas desde el Estado, y no seguir invisibilizándola. El aborto existe y negarlo no lo evita, solo lo hace más peligroso”.
La iniciativa contempla la incorporación de mecanismos dentro del sistema de salud para realizar esta prestación con seguridad, respeta la objeción de conciencia en los marcos actuales y asegura el acceso a información clara y oportuna para quienes lo requieran.
