La acción judicial fue declarada admisible y remitida a la Fiscalía de Copiapó. Un funcionario del GORE figura en la nómina nacional emitida por Contraloría.
El Gobierno Regional de Atacama presentó una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, por los delitos de fraude al fisco, uso malicioso de instrumento público y falsificación de certificados, todos en grado de desarrollo consumado, así como por cualquier otro ilícito que se determine durante el transcurso de la investigación.
En la nómina enviada por Contraloría figura un funcionario del Gobierno regional por presunto uso indebido de licencia médica mientras permanecía fuera del país.
El pasado 26 de mayo, el Gobierno Regional de Atacama recepcionó el Oficio, emitido por la Contraloría General de la República, en el cual se remite una nómina con más de 25.000 funcionarios públicos que, durante los años 2023 y 2024, habrían viajado al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas.
“El funcionario en cuestión habría hecho uso de una licencia médica al mismo tiempo que registró una salida del país, situación que será investigada en profundidad tanto en el plano interno como judicial”, señala la querella.
La información fue obtenida a partir del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9 del año 2025, el cual se elaboró gracias a los registros entregados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).
De acuerdo a la normativa vigente, contenida en el D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, la licencia médica constituye un derecho que permite a los trabajadores ausentarse de sus labores por indicación de un profesional de la salud, debiendo permanecer en reposo mientras se encuentra vigente. Además, durante ese período, el trabajador puede percibir un subsidio de incapacidad laboral, destinado a reemplazar su remuneración habitual.
Sin embargo, los antecedentes recopilados por el ente contralor revelan que, en múltiples casos, los funcionarios se habrían ausentado del país en medio de estas licencias, contradiciendo los fundamentos del beneficio recibido.
En la nómina proporcionada por Contraloría figura un funcionario del Gobierno Regional de Atacama, lo que motivó el inicio inmediato de un procedimiento administrativo interno con el objetivo de esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades.
El caso forma parte de un hallazgo de alcance nacional que pone en cuestionamiento el correcto uso de licencias médicas en el sector público y que podría derivar en sanciones administrativas y judiciales.
La querella fue admitida a tramitación, y en consecuencia, declarada admisible, debiendo ser remitida a la Fiscalía Local de Copiapó, para los fines legales pertinentes, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 112 del Código Procesal Penal.
