Docentes y equipos psicosociales de recintos educativos de Copiapó y Tierra Amarilla se reunieron para participar de este relevante encuentro.
La Fiscalía de Atacama, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos y el Servicio Local de Educación Pública, en el marco de las actividades de difusión de los alcances de la Ley 21.057 de Entrevista Investigativa Videograbada, convocaron a docentes y duplas psicosociales de Copiapó y Tierra Amarilla para ahondar en los antecedentes de esta importante normativa legal.
La jornada, la tercera que se hace en la región este año, forma parte de un trabajo multisectorial destinado a capacitar a los cuerpos educativos de Atacama frente a las acciones que deben desarrollar ante la develación de delitos que pudieran realizar estudiantes, considerando que un porcentaje importante de estos hechos se conocen en los colegios debido a la cercanía que profesoras y profesores generan con el alumnado. Ante ello, la jornada de capacitación estuvo a cargo del fiscal encargado de indagar delitos sexuales en la Fiscalía Local de Copiapó, Renán Gallardo, y la profesional de la Unidad de Víctimas, Andrea Torres.
Sobre la actividad, la jefa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) de la Fiscalía Regional, Carolina Bianchi Cañas, indicó que la razón de este público objetivo dice relación con que la mayor cantidad de denuncias de delitos sexuales que afectan a niñas, niños y adolescentes que ingresan a la Fiscalía provienen de recintos educacionales. “Eso tiene que ver con el vínculo que la víctima tiene con su profesor o profesional de la educación. Por ello, es sumamente necesario que tengan conocimiento de cómo y dónde denunciar, además de los procedimientos que deben llevar a cabo en el marco de la Ley de Entrevista Investigativa Videograbada”, dijo Bianchi.
Por su parte, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Atacama, Tomás Garay Pérez, destacó que este tipo de jornadas se enmarca en la gestión interinstitucional entre SLEP Atacama, la Fiscalía y la repartición que dirige y que tiene como objetivo entregar herramientas para las comunidades educativas de la región en materias tan delicadas como son los delitos que afectan a estudiantes. “Estas son jornadas muy nutritivas por los antecedentes y la retroalimentación que se genera para despejar dudas sobre estos delitos, entendiendo que ellos tienen la responsabilidad principal y legal de denunciar aquellos hechos de los que tomen conocimiento y que puedan implicar algún tipo de ilícito en los que sean víctimas NNA”, mencionó Garay.
