La Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció una serie de desapariciones, detenciones y muertes de opositores al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
A través de un comunicado, Liz Throssell, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mostró su preocupación ante la represión contra los críticos del gobierno venezolano.
“La detención y desaparición forzada de críticos del Gobierno venezolano continúa, alimentando un clima de miedo”, indicó Throssell, añadiendo que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades a “liberar inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente y a garantizar que se cumplan los estándares de debido proceso y juicio justo”.
“Desde las elecciones del año pasado, defensores de derechos humanos, periodistas y otros percibidos como voces disidentes han sido objeto de intimidación y persecución, limitando el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”, puntualizó.
Throssell recordó el caso de Eduardo Torres, abogado del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, quien habría sido detenido camino a su casa en Caracas el 9 de mayo. “Sus familiares informan que no han podido contactarlo y desconocen su paradero”, puntualizó.
Junto con mostrarse preocupada por las condiciones de detención, en particular la falta de acceso a alimentos adecuados y atención médica, indicó que la Oficina “ha verificado la muerte de al menos tres críticos del Gobierno detenidos desde julio de 2024”.
“Estos casos deben ser investigados de manera completa e independiente”, mencionó.
“El Alto Comisionado insta a las autoridades a proporcionar rápidamente detalles sobre el destino y paradero de los desaparecidos y detenidos a sus seres queridos, y a garantizar que se les conceda acceso a abogados de su elección”, remarcó.
El domingo pasado la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) y el partido opositor Voluntad Popular (VP) lamentaron la muerte de una mujer de 20 años que consideran “víctima de la represión poselectoral” tras las presidenciales de julio de 2024.
Los colectivos denunciaron que la salud de la joven, quien padecía de diabetes e hipertensión arterial, “entró en una espiral de deterioro” mientras estuvo detenida, entre agosto y diciembre pasado.
Según el Clipp, Ariadna Pinto murió el sábado “tras meses de sufrimiento causado por una detención injusta, el colapso del sistema de salud y el abandono institucional”, una “tragedia que revela el costo humano de la criminalización de la protesta en Venezuela”.
“El encierro y la ansiedad provocada por su situación agudizaron su diabetes tipo 1 y comenzó a presentar retención de líquidos, convulsiones frecuentes y descompensaciones severas”, indicó el comité en X.
