La iniciativa que contempla también la creación de unidades especializadas para facilitar la persecución penal y la atención a las víctimas, entre otras medidas, será analizada en particular por las comisiones de Constitución y de Hacienda respectivamente.
En condiciones de ser discutido en particular quedó el proyecto en primer trámite, que modifica diversos cuerpos legales, en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, aumentando la dotación de fiscales y creando nuevas unidades especializadas en dicho organismo.
Ello, luego que la Sala aprobara en general la iniciativa, y por unanimidad, y fijara plazo para presentar indicaciones hasta el viernes 26 de abril
HERRAMIENTAS Y RECURSOS
El presidente de la Comisión de Constitución, senador Alfonso De Urresti, informó sobre el texto legal que busca, precisó, “reforzar las herramientas y recursos del Ministerio Público para fortalecer los procesos administrativos y tramitación de causas, mejorar la eficacia de la investigación y persecución penal, así como también la atención a víctimas y testigos de delitos, de manera de ampliar la cobertura que presta actualmente. Asimismo, se busca perfeccionar los mecanismos de incentivos de desempeño para los fiscales y otros funcionarios del referido organismo”.
Cabe agregar que la iniciativa realiza un incremento en la dotación de personal del Ministerio Público, incluyendo un reforzamiento de 205 nuevos fiscales adjuntos, completando un total de 819 nuevos cargos en el Ministerio, en el lapso de 4 años desde la publicación de este proyecto.
Asimismo, se modifica la estructura y adecua los mecanismos de evaluación e incentivos al desempeño institucional del Ministerio Público.
El senador Ricardo Lagos, presidente de la Comisión de Hacienda –que se abocó al estudio en general de los temas de su competencia- también detalló las audiencias y los objetivos de la norma. Asimismo, transparentó que las materias de gradualidad propuesta en la incorporación de nuevos fiscales “es baja en un principio”, por lo que se adelantó que, al respecto, abrían ajustes.
Con respecto al gasto fiscal, indicó que la implementación total del proyecto de Iey irrogará un mayor gasto fiscal en régimen de $43.672 millones y se contempla el mejoramiento de las condiciones funcionarias de los estamentos administrativo y auxiliar, para extenderles el derecho a percibir asignación profesional en las mismas condiciones que rigen para dichos estamentos en el Poder Judicial.
Durante el debate en general intervinieron los senadores Luz Ebensperger, Luciano Cruz Coke, Pedro Araya, Juan Antonio Coloma, Ximena Rincón, Isabel Allende, Rafael Prohens, Claudia Pascual, Carmen Gloria Aravena, Alejandro Kusanovic, Iván Moreira, Kenneth Pugh, José Miguel Insulza, Alejandra Sepúlveda, José Miguel Durana, Francisco Huenchumilla, David Sandoval, Esteban Velásquez, Alfonso De Urresti y Francisco Chahuán y el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Entre los argumentos esgrimidos estuvieron la urgencia y necesidad de avanzar con esta norma; la grave crisis de seguridad que se enfrenta a nivel nacional; el cumplimiento del compromiso alcanzado durante la tramitación del presupuesto 2023; la necesidad de tener un Ministerio Público “robusto, eficaz, transparente y justo para acercarlo a su objetivo: el servicio a las personas”; sumado al compromiso de “seguir avanzando con la Agenda de Seguridad”.
Con todo, se advirtió que para que la ley “tenga efectos prácticos”, se debe “invertir la gradualidad”, para que el mayor incremento de personal sea al inicio, en su implementación.
En otro orden, se manifestó que está pendiente la creación de la Fiscalía Supraterritorial, además se instó a revisar; por un lado, la estructura del Ministerio Público, a la luz de cómo opera el crimen organizado, y por otro, cómo se está nombrando a jueces, fiscales, notarios, y otras autoridades. Adicionalmente, se aclaró que “el combate a la delincuencia no solo penal, es multisistémico”.
