La moción, que viene de la Cámara, será analizada por la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia.
A diario nos enteramos por medios de comunicación de hechos de violencia intrafamiliar, flagelo que -lamentablemente- parece ser una constante en nuestra sociedad. Sin ir más lejos, según estudios, 1 de cada 4 mujeres ha sido víctima de violencia intrafamiliar (VIF) y es en parte a lo que hace frente el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer la reserva de datos personales en causas judiciales sobre violencia intrafamiliar.
La moción, que cursa su segundo trámite constitucional, será analizada por la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia, y en sus argumentos deja en evidencia que “la violencia intrafamiliar es un grave problema social que afecta a muchas personas en Chile; siendo las mujeres las principales víctimas de este tipo de agresiones”; sin embargo, añade, “(…) en general se puede observar que es un problema extendido en la sociedad chilena”.
La idea matriz en que se funda esta iniciativa es modificar la Ley de Violencia Intrafamiliar y los procedimientos ante los Tribunales de Familia y Tribunales con competencia en lo Penal, para resguardar a las víctimas de Violencia Intrafamiliar al establecer la reserva, en todo el proceso, de su domicilio, lugar de trabajo o estudio de la víctima.
Establece la reserva, en todo el proceso, del domicilio, lugar de trabajo o estudio de la víctima. Para dichos fines, modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar y los procedimientos ante los tribunales de Familia y juzgados con competencia en lo penal. Así, en estos tribunales se deberá mantener la protección de datos personales en todas las actuaciones que se realicen; al igual que en los registros informáticos a los que tenga acceso la parte denunciada.
Además, se deberá mantener reserva de esta información en cualquier etapa de la investigación de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar. Esto, aun antes de la formalización o al decretar las medidas cautelares necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna.
La norma, asimismo, modifica los procedimientos penales y civiles para garantizar la protección de datos personales en casos de violencia intrafamiliar. La idea es que esto no genere una afectación de los derechos del denunciado.
Establece que la o el funcionario que publique, exponga, difunda o entregue, a cualquier título, los datos declarados reservados, será condenado a la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y a la inhabilidad temporal de desempeñar cargos públicos por el tiempo que dure su condena.
