Polémica por el adolescente que habría participado en la colocación de una bomba de ruido en la Casa De La Memoria en Copiapó, fue detenido, pero por orden del Ministerio Público no fue derivado a control de detención, quedando apercibido bajo el artículo 26 y desde la fiscalía indicaron que los requisitos para ordenar el control de detención no se cumplían en este caso.
Las víctimas, señalan que existiría una red de protección hacia el joven debido al parentesco del adolescente con ex autoridad regional y con un fiscal adjunto de Copiapó.
Como un acto terrorista fue calificado por el Partido Comunista y la Agrupación de Familiares y Amigos Ejecutados y Detenidos Desaparecidos en la región de Atacama, los hechos acontecidos durante la tarde de este martes, donde un adolescente fue sindicado como responsable de rayados y de una bomba de ruido instalada en la Casa de la Memoria en Copiapó.
Un acto que fue adjudicado por el grupo Acción Nacional, donde pertenecería el joven involucrado en el “atentado”, una situación que no sería aislado debido a los constantes hechos delictuales que ha sufrido en tanto la Casa de la Memoria y la sede del Partido Comunista, este último el año 2023 habría sido foco de un amago de incendio, donde el Presidente del Partido Mario Rivas, se lo adjudica al mismo joven detenido la tarde de ayer martes en la capital regional. En el incidente de ayer, el joven fue retenido por personas que estaban en la sede, y durante el proceso de retención del individuo, se escuchó un ruido explosivo, sugiriendo la detonación de una bomba de ruido.
Mario Silva Álvarez, Presidente de la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de la Región de Atacama, manifestó su repudio y preocupación por la liberación del principal sospechoso sin medidas cautelares. Solicitó una investigación imparcial y transparente, argumentando que este no es un hecho aislado, sino parte de una serie de ataques sistemáticos. De hecho que lo detuvieron en fragante en el momento de su detención, que se contaba con los medios materiales y sobre todo la situación de la bomba y quiero ser bien claro una bomba de ruido que califica como acto de terrorismo en nuestra ley.
“Ahora es una bomba de ruido, el día de mañana puede ser un artefacto explosivo que es lo que nosotros nos preocupa”.
Silva agregó que “los padres del adolescente son personas influyentes y con una posición política destacada, la madre ex gobernadora de la Provincia de Copiapó. Además, contamos con antecedentes que indican que el padrastro del principal sospechoso es un exmilitar. Esta información nos lleva a sospechar que la motivación detrás de los actos del joven va más allá de lo personal y podría estar relacionada con una trama ideológica más amplia. Por esta razón, hemos decidido presentar una querella criminal contra todos aquellos que resulten responsables, no solo el autor material de los hechos, sino también sus cómplices, encubridores y los adultos que hayan instigado estas atrocidades”.
“Además, nos inquieta el hecho de que esta bomba de ruido estuviera premeditadamente preparada con anticipación, lo que sugiere un grado de planificación y desarrollo intelectual considerable para su fabricación. Esta situación evidencia la seriedad y la gravedad del incidente, subrayando la importancia de una investigación exhaustiva para identificar y llevar ante la justicia a todos los responsables,” señaló Silva.
Asimismo, Mario Rivas, Presidente del Partido Comunista en Atacama, rechazó enérgicamente este acto terrorista, atribuido al grupo Acción Nacional, y anunció la intención de solicitar una entrevista con el fiscal regional para obtener más detalles sobre el proceso investigativo. Rivas expresó preocupación por la reiteración de ataques por parte del mismo individuo, señalando intentos previos de incendiar el local del partido y realizar actos de vandalismo con motivaciones ideológicas de extrema derecha.
Rivas agregó que el joven reconoció el día de ayer de la participación en la bomba de ruido y los rayados. Nosotros nos vamos a querellar para sernos parte del proceso, ya que, atenta contra la vida humana y esto opera un grupo nazi, neonazi y ultraderechista.
Mario Silva, Solicita que la Fiscalía de Atacama se inhiba del caso, debido a la relación parentesco que tiene el sospechoso con un fiscal de Copiapó, quien corresponde al padre del menor.
“En nuestra denuncia, exigimos de manera explícita que la causa sea investigada por la fiscalía de otra región. Esta solicitud se fundamenta en nuestra búsqueda de imparcialidad en el proceso, dado que no consideramos este incidente como un hecho aislado, sino como parte de una serie de acciones perpetradas sistemáticamente por la misma persona. Por lo tanto, solicitamos formalmente que la fiscalía de Atacama se inhiba del caso y que la investigación sea llevada a cabo por otra fiscalía de una región distinta. Esta medida busca garantizar la transparencia, la imparcialidad y la eficacia en la investigación, así como asegurar que se haga justicia frente a un delito de tal magnitud”, indicó Silva.
Aclarando que han presentado en otras ocasiones denuncias ante la Policía de Investigaciones (PDI) y los órganos competentes, sin embargo, estas acciones han quedado impunes. “Esta situación nos hace sospechar de la existencia de una red de protección en torno al principal sospechoso, lo cual resulta alarmante, especialmente considerando la gravedad del acto en cuestión: la colocación de una bomba de ruido, calificada como un acto de terrorismo según la ley antiterrorista”, agregó.
Jefe de la Tercera Zona de Carabineros de Atacama, Jorge Muñoz, señaló que a través de las instrucciones que nos entregó el Ministerio Público se determinó que el detenido fuera entregado a sus padres. En el levantamiento del sitio de suceso, la fiscalía solicitó a LABOCAR , tras las perecías del personal se logró establecer que la bomba, se trataba de un artefacto artesanal de ruido que provoca obviamente más la sensación de impacto que más daños. Los daños están situados a los rayados que efectuó este joven en el mural del lugar y, por lo tanto, son antecedentes que hoy forman parte de la investigación.
De acuerdo a informaciones policiales, indican que hay antecedentes anteriores del año 2023 donde se sitúa a este menor de edad con un delito de daños de estas mismas características.
Tras su visita a la región de Atacama del Subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, fue consultado por este hecho ocurrido en contra del Partido Comunista y la Casa de la Memoria, donde fue claro en decir, sobre la importancia de la convivencia pacífica en una sociedad democrática, donde se deben respetar las diferentes visiones políticas e ideológicas, en una democracia, es inaceptable el uso de la violencia contra aquellos que tienen opiniones políticas diferentes. El Ministerio Público está investigando los hechos y esperamos que las personas que están involucradas respondan por sus actos, el gobierno está evaluando los antecedentes para determinar si se requiere tomar alguna medida adicional, pero esto dependerá de la información que recabe oficialmente el Ministerio Público.
Además, subraya que estos actos no solo pueden tener implicaciones penales, sino también civiles, ya que implican daños a la propiedad. Respecto que el menor detenido, que es hijo de un fiscal adjunto de Copiapó, el Subsecretario fue enfático en señalar que él no tiene ninguna duda que las instituciones son democrática y quienes están a cargo de la investigación penal, llevaran el caso con probidad, transparencia.
Por último, La vocera Rebeca Varas ha declarado que las decisiones tomadas en respuesta a la denuncia no fueron realizadas por un fiscal de la región de Atacama, sino por un fiscal de otra región que estaba asignado al sistema de macrozona que abarca desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo.
“En cuanto al caso específico, según la ley vigente en Chile, en conformidad con la reciente modificación de la Ley 20.804 que regula la situación de los imputados adolescentes, los requisitos para ordenar el control de detención no se cumplían en este caso, ni en cualquier otro que cumpla con las mismas circunstancias. En su lugar, se procedió únicamente con la citación conforme al artículo 26 de dicha ley. Esto implica que se aplicaron las reglas y normativas vigentes. Sin embargo, esto no significa que la causa se haya cerrado o terminado; al contrario, el Ministerio Público continuará la investigación para esclarecer todas las circunstancias del hecho y establecer, según corresponda, las sanciones penales que pudieran proceder en este caso”, finalizó la vocera.
