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Sobrepoblación penitenciaria en Atacama llega al 100 por ciento y sector Justicia pide mejoras en recintos penales

El fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Carlos Meneses Coloma, encabezó la constitución de la primera Mesa de Supervisión Penitenciaria de la región de Atacama, instancia que cuenta con la participación de distintos organismos relacionados con la administración, supervisión y fiscalización de los recintos penales de la jurisdicción.

En esta primera actividad participaron, además, el defensor regional Raúl Palma Olivares, junto a la jefa de estudios de la Defensoría Violeta Villalobos Utreras; el juez presidente del Juzgado de Garantía de Copiapó, Ubaldo Basoa Oviedo; el fiscal adjunto Leonel Ibacache Véliz; la jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Marcia Quezada Bracho y el abogado de esa entidad, Jorge Puelles Godoy.

En la oportunidad, el fiscal judicial Carlos Meneses además de dar la bienvenida a los participantes dio a conocer la finalidad de esta mesa, que viene a sistematizar a nivel nacional los esfuerzos que hace algunos años viene desarrollando la Fiscalía Judicial para aunar criterios y acciones en la fiscalización de los recintos penitenciarios.

Destacó entre los objetivos la necesidad de canalizar las denuncias por infracciones al régimen penitenciario; fortalecer los lazos y vinculaciones entre los organismos relacionados y hacer visible las necesidades y dificultades de los recintos penitenciarios de la región de Atacama, entre las que se cuentan severos problemas de infraestructura y sobrepoblación.

“El escaso espacio con que cuentan los recintos penitenciarios de Atacama para los privados de libertad pone en serio riesgo la intervención estatal para reinsertar a los condenados en la vida pública, para resocializarlos e intervenirlos favorablemente. Por ello, todos los organismos que nos hemos reunido en esta instancia ponemos el acento en esta sobrepoblación que afecta los objetivos que la ley impone al sistema penal, como lo es reinsertar a estas personas en la vida pública”, explicó el fiscal Carlos Meneses.

CIFRAS: 100 POR CIENTO DE SOBREPOBLACIÓN

En el encuentro, el defensor Raúl Palma dio a conocer las cifras actualizadas de la población penal de las cárceles de Atacama. Indicó que el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, cuenta con 659 internos y una capacidad máxima de 242; el Centro de Detención Preventiva de Vallenar mantiene 257 personas privadas de libertad y solo presenta una capacidad oficial de 152, mientras el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chañaral, mantiene 170 internos e internas y una capacidad máxima que solo alcanza a 100, lo que totaliza 1.106 internos en tres recintos que reúnen una capacidad de atención que suma 514 cupos.

“Esto nos habla de la urgencia y la importancia de abocarnos interinstitucionalmente a este fenómeno, que es muy complejo y que requiere de un trabajo que busque dotar a la región de recintos penitenciarios más adecuados, porque aparte del hacinamiento tenemos recintos muy antiguos y las condiciones de habitabilidad impiden la resocialización”, dijo.

El juez presidente del Juzgado de Garantía de Copiapó, Ubaldo Basoa, recordó que los jueces de Garantía por disposición legal efectúan semanalmente visitas a los recintos penales y han podido constatar el hacinamiento de los privados de libertad.

“La situación de las cárceles es la pata coja del sistema de seguridad del país. Si no logramos que en los recintos penales la gente pueda tener acceso a actividades de reinserción, capacitación, a un trato más digno y humano, es lo más probable es que estas personas solo estén en la cárcel aprendiendo nuevas técnicas para delinquir o generando vínculos y la idea es acabar con este círculo”, expresó.

En tanto, la jefa regional del INDH Atacama, Marcia Quezada, declaró que el rol de la entidad es instar al Estado a cumplir con sus compromisos internacionales en el marco de estándares internacionales en la materia.

“Las unidades penales no son más que la expresión de lo que ocurre también en la sociedad, por lo tanto es necesario que la política penitenciaria se vaya actualizando y ello implica que a los funcionarios de Gendarmería se los vaya capacitando y formando en nuevas materias que son propias de los acontecimientos sociales”, puntualizó.

Finalmente, el fiscal adjunto Leonel Ibacache, en representación del Ministerio Público, aseveró que la situación de hacinamiento en las cárceles afecta la falta de dignidad en la manera que se lleva a cabo la privación de libertad, también incide en la comisión de nuevos delitos que afectan a los internos, que es el momento en que actúa el Ministerio Público. “El hacinamiento no contribuye a la reinserción social y ciertamente propende a la comisión de nuevos delitos”, recordó.

Cabe señalar que a este encuentro fueron convocados también representantes de Gendarmería Atacama, quienes, a pesar de ser invitados, no concurrieron a la actividad.

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