El proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza comenzará su tramitación en el Congreso, en medio de dudas por su aplicación práctica, tomando en cuenta la recién aprobada Ley Naín-Retamal.
El Gobierno ingresó el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza en procedimientos policiales, en medio de la controversia por el primer caso amparado por la ley Naín-Retamal, con un policía que mató a un joven de 19 años, en San Antonio.
Se trata de un proyecto que busca aclarar el polémico artículo 7, uno de los nudos de la recientemente promulgada iniciativa.
Dicho artículo aborda en qué circunstancia las policías pueden hacer uso de sus armas de fuego, en medio de la controversia por la defensa propia privilegiada.
Cabe destacar que la Ley Naín-Retamal no cambia mucho el escenario respecto a la legislación que ya está vigente respecto a la legítima defensa, salvo que un policía no puede ser inmediatamente formalizado.
Esto último, pese a todo el intercambio de frases y críticas por parte de los parlamentarios, demostrando lo fácil que se empantanan en las discusiones en el Congreso, y que no tienen mucho sentido.
No obstante, la tramitación de la Ley Naín-Retamal mantiene a la ministra del Interior, Carolina Tohá, caminando “sobre huevos”, para dejar satisfechos al sector del presidente Gabriel Boric, el Frente Amplio junto al Partido Comunista, pero también a su propia vereda, el Socialismo Democrático.
Por lo mismo, tras lo sucedido en San Antonio, Tohá salió a señalar que era necesario hacer distinciones respecto a si los disparos fueron para prevenir el ataque o fueron posteriores, ya que esto tendría consecuencias distintas, o mejor dicho, responsabilidades distintas.
Sus dichos causaron nuevamente revuelo, principalmente en la oposición, que espera expectante el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza.
Esto, principalmente porque aseguran que el Gobierno no incorporó las recomendaciones del bloque y no se consensuaron bases técnicas en común con la derecha.
Las dudas por proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza
De hecho, todos los lunes se desarrollaba una mesa de trabajo en La Moneda para elaborar este proyecto de ley, por lo que se cuestiona que solo hay principios y no una regulación legal.
Asimismo, otro punto que asoma como un posible conflicto, son las competencias de la Justicia sobre este actuar, buscando conocer si la Justicia Militar podría involucrarse.
Incluso, la tramitación por comisiones está en debate. Un sector del parlamento y el propio gobierno, quieren que pase por los comités fusionados de Seguridad y Constitución, pero parlamentarios de la comisión de Defensa exigirán que llegue a esa instancia.
Recordemos que La Moneda desde hace un tiempo se había comprometido a iniciar la tramitación de las Reglas de Uso de la Fuerza, marcados por ciertos principios que se consideran claves.
Ellos son la legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad, cada una de ella con sus consecuencias jurídicas.
Por ejemplo, la racionalidad apunta -tal como su nombre lo indica- al uso racional de la fuerza, su ejercicio adecuado, apreciando la realidad de las circunstancias.
Así, el examen de racionalidad no requiere de igualdad de los medios empleados, por lo tanto, tras la revisión, se puede utilizar un arma incluso si alguien lanza una piedra.
Asimismo, en el caso del principio de necesidad, este apunta a que solo se podrá utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesaria para el cumplimiento del deber.
Para ejemplificar, se puede tomar el caso de una turba que intenta un supermercado donde hay un policía resguardándolo. Ahí no habría legítima defensa si los saqueadores llegan desarmados, ya que al funcionario podrían no agredirlo, sino derechamente ir a robar, y, por lo tanto, no podría usar su arma, bajo el marco de la Ley Naín-Retamal.
Pero, de acuerdo a la nueva norma, de Reglas de Uso de la Fuerza, el carabinero, en el cumplimiento de su deber de resguardar el supermercado, debería estar facultado para utilizar su arma.
De ahí entonces el temor que todo termine en un enredo jurídico y que finalmente el tema quede en manos de la discrecionalidad del juez de turno, algo que anticipa una álgida tramitación en el Congreso y que por lo mismo -al menos hara ahora- no tiene una urgencia.
La idea es que tanto las policías, como también los jueces, tengan un marco claro para aplicar la ley, donde se incluyen ciertos deberes, como identificarse y realizar todos los esfuerzos posibles, para evitar la confrontación.
En términos simples, hacer todo lo necesario para evitar llegar a los disparos, en un proyecto que deberá complementarse con la Ley Naín-Retamal y no contradecirse, ni menos dejar espacios a la ambigüedad y que quede algo peor de lo que ya existe.
Fuente: biobiochile.cl
