La actividad se dividió en dos bloques; primero participaron las 25 mujeres imputadas privadas de libertad en el centro y después, las 23 mujeres que cumplen condena en el penal.
Un equipo de la Defensoría Regional de Atacama, encabezado por el defensor regional, Raúl Palma junto a la directora regional de la Corporación de Asistencia Judicial, Vivian Tapia y el director regional de Gendarmería, Coronel Álvaro Millanao dieron a conocer a todas las mujeres privadas de libertad, imputadas y condenadas, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, los alcances del convenio firmado el pasado 4 de agosto.
Según explicó el Defensor Regional, Raúl Palma Olivares, “mediante este protocolo ustedes, a través de sus defensoras y defensores penales públicos, tendrán acceso integral a la justicia mediante la asesoría de la Corporación de Asistencia Judicial para que las orienten, defiendan o apoyen en causas o procesos de familia o civiles. Debemos considerar que las mujeres encarceladas han sufrido distintos tipos de violencia y discriminación interseccional y acá el Estado las va a apoyar en defender sus derechos diferenciados y así acceder a políticas públicas con perspectiva de género”.
“Agradecemos estas instancias de colaboración con otros servicios públicos, como es la Defensoría y Gendarmería, porque nos permite cumplir con nuestra misión fundamental, que es acercar y facilitar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables. En este caso estamos muy contentos de llegar a las mujeres privadas de libertad, dándoles a conocer y activando a la vez nuestras líneas de atención, nuestros servicios y visibilizando el quehacer institucional”, enfatizó la directora de la CAJ.
Por su parte, el director regional de Genchi dijo que “cuando las instituciones pueden actuar coordinadamente, como siempre lo hemos hecho con la Defensoría Penal Pública, todo se facilita y resulta bastante más expedito. Valoramos especialmente la disposición de la Corporación de Asistencia Judicial y de la Defensoría para efectos de poder firmar este convenio, que es una muestra más de las buenas relaciones interinstitucionales que siempre hemos tenido, con la intención de velar por respetar los derechos humanos, en este caso de las mujeres privadas de libertad”.
Cabe destacar que en enero de 2020 se realizó una primera firma de este acuerdo, que inicialmente buscaba brindar asistencia jurídica y judicial a las mujeres internas, especialmente en asuntos civiles y de familia. Este año el convenio fue ampliado, incorporándose explícitamente la perspectiva de género, por lo que se incluyó a la Secretaría Regional Ministerial (seremi) de la Mujer y Equidad de Género.
FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN
Con la finalidad de propender a una correcta ejecución del protocolo, las instituciones involucradas tendrán presente en la ejecución de este, los principios de perspectiva de género, acceso a la justicia, no discriminación, celeridad, gratuidad, transparencia y publicidad. Asimismo, el principio de no discriminación, considerando a la diversidad de mujeres privadas de libertad, sin exclusiones de ningún tipo y el principio de igualdad efectiva ante la ley, en el sentido concreto de incluir como beneficiarias a la población de mujeres trans.
“Para asegurar una adecuada implementación del convenio, la Defensoría y Gendarmería de Chile, enviarán a la Corporación de Asistencia Judicial, vía oficio o correo electrónico, el listado de requerimientos vinculados a conflictos jurídicos de índole familiar o civil. La Corporación designará al profesional encargado de patrocinar las causas o gestiones solicitadas por las internas”, indicó el Defensor Regional.
La coordinación de fechas y horarios de atención, se hará entre Gendarmería y la Corporación, a través de entrevistas de carácter presencial o virtual, resguardando los intereses y derechos de las mujeres privadas de libertad.
Al finalizar cada uno de los bloques, se llevó a cabo una ronda de preguntas, momento que fue muy bien aprovechado por las mujeres presentes, quienes consultaron acerca de violencia intrafamiliar, expulsión del país, cuidado de sus hijos, entre otros. Estas inquietudes fueron resueltas por las autoridades presentes y por la jefa de la unidad de estudios de la Defensoría Regional, Violeta Villalobos y la defensora penitenciaria, Viviana Luco, quienes también participaron de este encuentro.
