Una dura sanción propuso la Contraloría en contra de la exintendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, por el denominado “Papaya Gate”. Esto, luego que aprobara la compra de terrenos a privados vía trato directo, pese a que el ente fiscalizador rechazó el contrato en cuatro oportunidades.
La Contraloría ordenó la destitución de la exintendenta de Coquimbo, tras finalizar el sumario en su contra por el denominado “Papaya Gate”.
Recordemos que según reveló la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el Gobierno Regional decidió comprar un lote de terrenos a un grupo de inmobiliarias que buscaba venderlos en 9.800 millones de pesos.
Para ello, la autoridad aprobó cuatro contratos para lograrlo, pero uno a uno fueron rechazados por la Contraloría, porque no se apegaban a la legalidad.
Sin embargo, a principios de julio pasado y a escondidas, la Intendencia inscribió en una notaría de La Serena un nuevo contrato sin que pasara por la “toma de razón”.
Esto último es un trámite obligatorio e ineludible, sobre todo cuando los recursos públicos involucrados son tan elevados.
Por esta razón, se inició un sumario administrativo y el fiscal Nacional Jorge Abbott designó a la persecutora regional de Valparaíso, Claudia Perivancic, para que indague el delito de fraude al fisco.
De hecho, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal por dicho delito.
Al respecto, la intendenta Lucía Pinto (UDI) confirmó que pasó por encima del organismo fiscalizador, pero aseguró que todo se hizo de forma transparente.
Finalmente, según reveló Chilevisión, la Contraloría propuso la destitución de Pinto “por haber infringido gravemente el principio de probidad administrativa”.
Contraloría propone destituir a exintendenta de Coquimbo
El castigo deberá ser ratificado por el presidente Gabriel Boric, según dicta la legislación, con el fin que no cumpla labores en el Gobierno por cinco años.
Así también, propuso la misma medida a José Cáceres Rojas, ex secretario de Planificación de la Municipalidad de La Serena, y a Eduardo Espinoza Rodríguez, ex director jurídico del Gobierno Regional.
Otros funcionarios involucrados en el caso, entre quienes también se cuentan exfuncionarios del Gobierno Regional de Coquimbo y del municipio serenense, igualmente podrían ser sancionados.
Se trata de Rocío Ramírez, a quien se le sugiere castigar con una multa del 20% de su remuneración.
Así también se incluye a Eduardo Becerra Fuentes, con una multa por el 15%, y Lorena Araya Troncoso, con un 10%.
Asimismo, se proponen sanciones a Tatiana Rentería Luco y Marinka Norero Duarte, consistentes en la suspensión del empleo por 30 días, con goce del 50% de las remuneraciones.
En el caso de Sergio Rojas, se sugiere la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 3 meses, con goce del 50% de las remuneraciones.
Cabe destacar que el caso también está siendo investigado por la fiscal Claudia Perivancic, en un juicio que podría acarrear a los involucrados duras condenas judiciales.
Fuente: BioBioChile.cl
