Desde este martes Mario Morales comenzó a cumplir arresto domiciliario parcial nocturno, medida propuesta por la defensa, la que el 6 de octubre pasado, solicitó pasar de prisión preventiva a arresto domiciliario total.
Tras más de un año en prisión preventiva, Mario Morales, ex alcalde suplente de Tierra Amarilla, salió de las cárcel de Copiapó el pasado 6 de octubre de 2021, el Juzgado de garantía de Copiapó acogió los argumentos presentados por la defensa y modificó las medidas cautelares a arresto domiciliario total y arraigo nacional por el caso “Operación Pureza”.
Tras una nueva audiencia de revisión de medida cautelar por el caso “Operación Pureza” que se realizó la mañana de este martes, los intervinientes realizaron diversas solicitudes, entre ello, la petición por parte del abogado del estudio Defensores Norte, Carlo Silva Muñoz, defensor del ex edil (s), de modificar la medida cautelar actual de arresto domiciliario total a arresto domiciliario parcial nocturno en el domicilio desde las 19:00 horas de cada día hasta las 07:00 horas del día siguiente, a lo que el tribunal accedió.
“Mario Morales, llevaba bastante tiempo con arresto domiciliario total sin ningún inconveniente, sin ningún incumplimiento. Se solicitó cambiar esta medida cautelar, debido a que él, requiere trabajar para suplir sus necesidades básicas, cancelar pensiones de alimentos, sobre todo y considerando que en el juicio oral en esta causa podría tardar en un año y medio en llegar. Entonces, requiere recuperar su salida diaria, y porque hay una oferta laboral y el objetivo es que pueda cumplir esa responsabilidad” dio a conocer Carlo Silva, abogado del ex alcalde, Mario Morales.
De igual manera, durante la audiencia de preparación, el Tribunal autorizó a un perito informático para que pericie un computador perteneciente al ex edil, donde además, se reprogramó tres nuevas audiencias para los días martes 06, jueves 08 y martes 13 de septiembre de 2022, a las 09:15 horas.
“La ley permite que durante la investigación en la audiencia de preparación del juicio oral, se puede plantear al juez que imparte instrucciones, en este caso, solicitamos como defensa al tribunal la autorización de un perito particular que pueda revisar y periciar evidencias, y eso fue aprobado, donde queremos extraer información que tiene el notebook de cliente que se encuentra incautado en el Ministerio Público, y la importancia es que hay información que nuestro defendido aportará dentro del proceso, siempre con la finalidad de colaborar con la investigación, de la misma manera que ha realizado desde el inicio de esta situación, entregando aristas importantes en la investigación. Hay ciertos antecedentes en el computador que sería importante que nosotros lo recuperemos para luego ofrecerlo como prueba y seguir colaborando con la investigación.”
Agregando, Silva que esto, no sería para buscar la inocencia de Morales Carrasco “nosotros no estamos discutiendo el tema de inocencia, nosotros estamos aceptando responsabilidad en algunas infracciones que el Ministerio Público que nos está imputando y el juicio final, tampoco pediremos la absolución de mi cliente, porque efectivamente reconocemos a partir de la postura del propio imputado de que efectivamente él ha incurrido en algunas conductas que pueden ser ilícitas, por lo tanto nosotros no vamos a pedir la absolución y muy por lo contrario, esta información que vamos a entregar del computador, vamos a aportar al esclarecimiento de los hechos. Por tanto lo que se busca es atenuantes para la pena”.
Por último, Fiscalía Atacama indicó que en la audiencia de revisión de medidas cautelares el fiscal del caso solicitó mantener el arresto domiciliario total del imputado por la gravedad y cantidad de los delitos indagados. Recordando que en la acusación en contra de éste, el Ministerio Público está solicitando se imponga al acusado penas privativas de libertad que superan los 40 años de cárcel por su responsabilidad en los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, negociación incompatible y obstrucción a la investigación judicial. Tras la modificación de la cautelar, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación en contra de la resolución dictada el 14 de junio en el Tribunal de Garantía de Copiapó.