La Comisión de Constitución analizó la propuesta reglamentaria formulada por el Secretario General de la Cámara, para habilitar la realización de test de drogas obligatorios, aleatorios y semestrales a las y los legisladores, al igual como se realizan en la administración del Estado.
La Comisión de Constitución continuó el debate del proyecto de reforma al reglamento, para establecer el control del consumo de drogas a diputadas y diputados (boletín 14784).
La medida, propuesta por diputados y exdiputados UDI, quedó consagrada en la Ley de Presupuesto de 2022, con una glosa especial destinada para ello. Solo falta materializar el mecanismo para su realización. En una sesión anterior expuso el diputado Juan Antonio Coloma, principal promotor de la medida y el Secretario General de la Cámara, Miguel Landeros, quien había comprometido una adecuación reglamentaria.
Al respecto, la instancia decidió tomar como base no el proyecto original, sino el texto de la Secretaria, al cual se le podrá presentar indicaciones. Además, se fijó el martes 28 de junio para su votación en particular y general.
Propuesta Reglamentaria
En la última sesión, Landeros explicó que el texto recoge la idea base concordada con la legislación actual y el decreto 1215 de 2006. Este regula la prevención del consumo de drogas en los órganos del Estado y que rige a autoridades de la administración del Estado.
Agregó que el procedimiento resguarda la dignidad del parlamentario, la imparcialidad en el control y su aplicación aleatoria. Determina que el 25% de sus integrantes será sujeto de control cada año. Al final de los cuatro años del período legislativo, todos los legisladores serán controlados.
El órgano encargado de aplicar una política de prevención para toda la Cámara será la Comisión de Régimen Interno y Administración. Contará con la colaboración del SENDA para la elaboración y realización del test.
Agregó que no se aplicarán sanciones, sino un proceso de fiscalización o control de consumo de drogas. Los test se realizarán antes del 30 de junio y del 31 de diciembre de cada año. En este año la fecha tope del primer examen será el 31 de julio.
Siempre se mantendrá la reserva de los resultados y sólo habrá sanciones disciplinarias de la comisión de ética si algún/a parlamentario se negara a realizar el examen.
Senda
En tanto, Roberto De Petris, director (S) del Servicio para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) indicó que son el organismo técnico para la aplicación del decreto 1215. Detalló el procedimiento utilizado.
Explicó que realizan una licitación anual con un laboratorio, para la realización de exámenes de orina que detectan marihuana, cocaína, anfetaminas y opiáceos. En 2021 gastaron 40 millones de pesos en 500 exámenes para cargos públicos elegidos por alta dirección, con un costo de 81 mil pesos por test.
Agregó que se coordinan con servicios públicos para velar por la confidencialidad y aleatoriedad. En caso de detección de dependencia se pone a disposición de la persona un tratamiento de rehabilitación, al que acceden voluntariamente.
Reacciones
Jorge Alessandri(UDI) indicó que con el control de consumo de drogas busca mayor transparencia, para que la ciudadanía tenga más información de su representante electo.
Miguel Ángel Calisto(DC) valoró el debate de fondo y dijo que es necesario verificar qué tipo de examen se realiza. Ello, porque existen cerca de veinte medicamentos donde las personas pueden arrojar positivo en el test de drogas, como ibuprofeno o relajante muscular, entre otros. “No me parece correcto hacer escarnio público si se detecta positivo en el primer examen, porque el consumo es una enfermedad”, sostuvo.
Por su parte, la presidenta de la instancia, Karol Cariola(PC) recalcó que se deben fijar bien los objetivos de la medida, para que esto no se transforme “en un circo romano”. Indicó que se debe evitar que el consumo inhabilite la labor del trabajo parlamentario; al mismo tiempo, terminar con cualquier vínculo con el narcotráfico para drogas ilícitas. Sin embargo, dijo se debe hacer la distinción con drogas relacionadas a la salud, como por ejemplo, la marihuana o el uso de opiáceos para tratar el cáncer.
En tanto, la diputada Pamela Jiles(IND) consultó el objetivo de la “reserva” en el proceso. Planteó que la idea “es conocer lo que no se conoce”. En esa línea dijo que deberían existir sanciones, cómo la destitución que se aplica a funcionarios públicos.
Mientras, Andrés Longton(RN) consideró que el test no puede comprobar si hay dependencia o consumo. Sostuvo que en caso de darse un resultado positivo, debiera existir una nueva medición más adelante. Agregó que debe existir una sanción mayor en caso de dependencia y de no cumplirse el tratamiento de rehabilitación.
Fuente: Camara.cl
