La instancia se constituyó para analizar las recientes denuncias de abuso y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes bajo protección del Estado.
La Comisión Investigadora encargada de analizar las denuncias de abuso sexual y otras vulneraciones contra menores bajo protección del Estado, continuó con su ronda de audiencias públicas.
La instancia recibió en primer término a la jueza titular del juzgado de familia de Concepción, Claudia Castillo. La magistrada se refirió a las denuncias sobre abusos a menores registradas el 2020 en la residencia “Nido de Paz” en Hualpén.
Precisó que dicha causa sigue en investigación en la fiscalía, sin novedades ni imputados. Informó que los menores afectados fueron trasladados al hogar “Tupahue”, sin embargo, este también cerró el 2021 por denuncias de abusos.
La jueza cuestionó el cambio de dependencia con la implementación del Servicio Mejor Niñez, desde el Ministerio de Justicia al de Desarrollo Social. “No se hizo el proceso como corresponde”, enfatizó.
En esa línea afirmó que aprobar dicha modificación, antes de la Ley de Garantías de la Niñez, fue un error. Al respecto recordó que esta última debe ser la ley marco en la materia.
En tanto el excomisionado de la Infancia y adolescencia, miembro del Consejo de la Sociedad Civil de SENAME, abogado Carlos Alvear, precisó que hay graves falencias del Estado, que no tiene la capacidad de atender las vulneraciones que se cometen.
“Falta enfoque de derechos y conocimiento de temas de infancia y adolescencia. Además falta especialización e incluso diría que hay un grado de indolencia”, precisó.
Expuso también ante la instancia, la directora de la ONG, “Emprender con Alas”, Vanesa Hermosilla, quien también dio cuenta de denuncias.
Objeto de la Comisión
Cabe recordar que conforme lo indica su mandato, la instancia deberá investigar el abuso sexual y redes de explotación sexual a NNA bajo protección del Estado. Se debe considerar la pertinencia de la oferta estatal, la acción de resguardo, búsqueda e investigación de las policías.
Además, la vinculación con el intersector, especialmente con salud, por la necesidad de atención integral que las víctimas de violencia, abuso y explotación sexual requieren, especialmente cuando hablamos de NNA poli-victimizados.
También, indagar las medidas tomadas por distintos gobiernos, en especial el actuar de los ministerios de Justicia y de Desarrollo Social y Familia, para el proceso de transición a la nueva institucionalidad. Lo anterior, en virtud del compromiso de funcionamiento a partir del mes de octubre del presente año.
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