Daniela Goretta, Matrona, académica UCEN Región Coquimbo
Es de público conocimiento que la pandemia por coronavirus ha generado varios cambios en la organización del sistema sanitario de salud, principalmente para dar respuesta a la sobredemanda de atención. La reconversión de funciones de los equipos ha afectado la capacidad de respuesta para otro tipo de necesidades de la población, como lo es la atención en el área de la salud sexual y reproductiva. La OMS ha declarado que la atención y entrega de métodos anticonceptivos es una prioridad en tiempos de pandemia, donde el confinamiento supone un mayor riesgo de gestaciones no deseadas.
En Chile, los centros de atención primaria han mantenido la oferta de la prestación “control de regulación de la fecundidad”, realizada por matrones, que incluye consejería y entrega de métodos anticonceptivos. Sin embargo, existe una fuerte disminución en el acceso de las personas a esta atención. Según una investigación realizada por Miles Chile, el año 2020 el 52% de las mujeres no tuvo acceso a un método anticonceptivo. Esto podría explicarse por diversos factores, entre ellos el temor al contagio al acudir a un Centro de atención, la falta de stock, el alza en los precios, la disminución de ingresos y algunos asociados al género, como son el aumento del cuidado no remunerado, mayor demanda de l@s hij@s sin clases presenciales y el incremento de tareas domésticas, lo que se traduce en menor tiempo para el cuidado personal de las mujeres.
Una situación que agrava aún más este escenario es el caso de los anticonceptivos orales defectuosos, entregados por el sistema público de salud el 2020, generando 170 gestaciones no planificadas. ¿Cómo podemos garantizar el derecho de la mujer a decidir si quiere o no tener hijos?, ¿Cómo podemos facilitar la disponibilidad y seguridad de los métodos para la población en este contexto pandémico? Son preguntas que se transforman en desafíos para l@s profesionales del área y en un imperativo ético para el Estado, que aún está en deuda.
