La corrupción y el crimen organizado ha corrompido incluso a presidentes en la región y por lo tanto no es descabellado pensar que pudiera ocurrir en Chile. De hecho la mafia chilena logra en ciertas oportunidad que funcionarios estatales hagan vista gorda o bien proporcionen armas, por ejemplo del Ejército y Carabineros. La Unidad de Análisis Financiero maneja un largo listado de “sujetos obligados a informar” a través de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos. Quienes no están en ese listado son los partidos políticos, aún cuando sí lo está el Estado en su conjunto. Casos como el que afecta a la Municipalidad de San Ramón, donde la fiscalía indaga eventuales nexos con el narco, pueden ser solo la punta del iceberg de un fenómeno cuyos alcances no están dentro de las prioridades de la élite política. Así al menos lo cree Patricio Caro, experto en antilavado y vicepresidente de World Compliance Association. En conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, para el “Especial Crimen Organizado”, asegura que las colectividades pueden ser una “presa fácil” por falta de regulación y porque al fin del día no hay un encargado dentro de las tiendas que analice señales de alerta.
¿Cuál es la hipótesis de riesgo que posiciona a los partidos políticos como entidades posibles de ser infiltradas por el crimen organizado?
Surge porque existen antecedentes previos de algunos políticos a nivel latinoamericano que han estado ligados a casos de lavado de activos. Solo como ejemplo, la diputada paraguaya Cynthia Tarragó. Ella está detenida actualmente en Estados Unidos. Y podríamos seguir en Perú, con el expresidente Ollanta Humala y su esposa que se indaga que recibieron aportes en dinero por la vía de la corrupción y eventualmente el narcotráfico. El caso de Lula da Silva en Brasil, en el marco del caso Lava Jato con la empresa Odebrecht. Esto revela que aún cuando había controles, indica que el fenómeno no es algo ajeno porque ocurre en distintos puntos de la región. Entonces nada te dice que esto no pueda ocurrir o esté ocurriendo en Chile.
Como el caso del alcalde de San Ramón.
¿Usted plantea que hay laxitud en los controles?
Así es. Los controles que hoy existen para ver los aportes recibidos por las campañas políticas son laxos. Dicho de otra forma, los partidos políticos pueden ser un vehículo muy efectivo para poder lavar dinero, dado que los aportes realizados por personas naturales o especies en dinero, tú podrías tener dos elementos. El primero, levantar una campaña política para manejar a ese candidato y favorecer algunos temas que están asociados al negocio del lavado de activos. Si volvemos al caso de San Ramón y un narcotraficante lograse financiar una campaña, lo que podría ocurrir es que cuando sea elegido, favorezca a algunos grupos narcos que están operando en la misma comuna. Por ejemplo, entregarle algún tipo facilidades para realizar sus operaciones en algunos barrios que claramente son territorios complicados para las policías. No es descabellado pensarlo.
¿En términos de números de la política, cuál es el peligro?
¿Se refiere a que podrían usarse testaferros?
Sí. Es muy usado en el tema del narcotráfico, pero como se ve no hay ningún tipo de control en ese sentido. Hay control del Servel, pero nada efectivo para poder determinar y verificar el origen y la legalidad de los aportes que solo se basan en demostrar, solo como ejemplo, cesiones de derechos para utilizar algún inmueble, en solicitar crédito, giros de cuentas bancarias, enajenaciones de títulos. O sea, la verdad es que el aparataje está construido de una forma tal que se vuelve muy atractivo para cualquier lavador. Entonces, si tomamos el contexto local más el regional o internacional, lo que cabe pensar es la necesidad de realizar un ajuste a la legislación actual incluir como un sujeto obligado a los partidos políticos.
¿A su juicio cuáles son las señales de alerta que deberían tener los partidos ante la posibilidad de que una organización criminal esté entregando plata a través de un testaferro o una empresa de fachada?
Partamos de la base de que el partido político debiera tener implementado un sistema que permita verificar el origen y las señales de alerta están muy asociadas a eso. Pero esto es mucho más complejo porque está asociado a un tema político. Imaginemos que un aportante del partido repentinamente cambió su estilo de vida y modificó la forma en cómo se relaciona dentro del mismo partido político y un cambio de interés en financiar ciertos temas de interés dentro de la misma colectividad, eso claramente podría ser una señal de alerta.
¿Es decir los partidos políticos deberían tener implementado, tal como las empresas, un sistema de prevención del delito?
Los partidos debieran operar como funciona cualquier otro sujeto obligado o en su defecto como lo hace una persona jurídica que debe responder a la ley 20.393, pero hoy en día no existe ninguna colectividad ni menos una persona que sea encargado de prevención del delito o como lo dice la Unidad de Análisis Financiero, el sujeto responsable de reportar operaciones sospechosas.
Alertas
¿Qué otra señal de alerta podría considerarse?
Por ejemplo, una empresa que se crea para lavar dinero, va a tener un bajo correlativo de sus documentos tributarios y aún cuando no sea para el blanqueo, también es sospechoso que un proveedor que fabrica, digamos las palometas, emita la factura Nº 1 o la cinco o la diez. Eso te puede indicar que la creación de esa empresa tiene como fin realizar su pago de impuestos, pero que tú como partido eres su primer cliente. Entonces eso es extraño. O a lo mejor está asociado a algún tipo de ONG. Entonces la pregunta es: ¿Cuál es la revisión que hace un partido político al momento de hacer la contratación de un servicio? ¿Están obligados a reportar una operación sospechosa? Y como no son sujetos obligados a informar, insisto, la Ley de Lavado requiere de una modificación para incluir a este sector que es muy atractivo por donde puede también colarse la corrupción. Porque en el soborno o el cohecho podría existir lavado de activos.
Pensando en una modificación a la Ley de Lavado. ¿Lo deseable sería que al interior del partido hubiera un oficial de cumplimiento o un responsable?
Pensando en los volúmenes de dinero que se manejan, sería ideal modificar la ley e incluir a los partidos como sujetos obligados. Porque si se incluyó al Estado como un sujeto obligado a reportar operaciones sospechosas a la UAF, ¿por qué no se puede ampliar a los partidos? Y que, recordemos, son parte de una sana gobernabilidad, por decirlo de una forma. Entonces si hay un exclusivo cumplimiento por parte del Estado, en el fondo lo que buscas es una política sana ¿por qué entonces no se incluyen a sectores más vulnerables, dentro de los cuales están los partidos?
Si hablamos del crimen organizado. ¿El Estado o los partidos están ad portas de ser infiltrados?
Si lo enfocas a nivel del Estado no tienes cómo cuantificar, sino hacer una asociación más general. Es decir, Chile en el índice de Basilea está bastante bien, pero tampoco podríamos decir que el lavado ya llegó al Estado. Se debe considerar que los mismos organismos del Estado tienen mayor control por parte de la Contraloría, el Servel, pero aún así el riesgo siempre estará. Entonces el asociar esto no es algo antojadizo, porque las señales vienen desde afuera. ¿Por qué entonces si ha ocurrido en otros países, vamos a esperar que suceda en Chile?
¿Y si nos comparamos con los vecinos?
Diría que Chile ha hecho esfuerzos bastante fructíferos. Ha sido sumamente favorable, porque la UAF ha trabajado en términos de incluir a diversos sujetos obligados que incluye al Estado, hay una lucha constante para fiscalizar a sectores que son altamente riesgosos. Por otro lado está la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica que incluye al sector privado en su totalidad. Esa fue una ley propuesta por la OCDE y que traía ya delitos asociados con el cohecho, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Entonces uno podría decir que hay un buen camino recorrido a nivel de legislación. Pero falta. Debe ser reforzado.
¿Entonces usted cree que al interior de los partidos políticos no piensan o no creen que pueden ser infiltrados por una organización criminal? ¿Que nunca ocurrirá?
Claramente. La base parte porque no hay una revisión de cuál es el origen y la fuente de los fondos que se utilizan para financiar las campañas. Por ejemplo, el mismo caso Corpesca. Allí había una serie de financiamientos por parte de las empresas a candidatos y partidos políticos y que a su vez salió a la luz por casos como Soquimich y Penta. Y recién se le fue tomando el peso de que las empresas sí financiaban la política emitiendo facturas, boletas. Pensar esto antes de que sucediese era una especie de tabú. Entonces de manera similar puede estar ocurriendo en los partidos políticos, en los cuales hay un comparativo. Si existe el caso de la municipalidad de San Ramón, puede ser que estemos viendo el primer caso de muchos otros.
¿Debería el Congreso tener un mecanismo de prevención del delito tal como lo tienen las empresas?
Al ser un aparataje del Estado, lo ideal es que funcionen ese tipo de mecanismos. Y hasta donde recuerdo, el Congreso no está incorporado dentro de esa modificación. O bien que a la Contraloría se le entregaran herramientas para decir hemos detectado esto y decir por qué no previno.
¿Los partidos debieran tener canales internos de denuncia, por ejemplo?
Exactamente, pero partamos de la base de que el partido no tiene nada y si no responde como sujeto obligado o no tiene implementado un sistema de prevención del delito, difícilmente va a poder articular una serie de elementos de control que le permitan proyectar matrices de riesgo para ver vulneraciones de cualquier aspecto. Por ejemplo, en el Estado y a instancias de la UAF, se está nombrando en las instituciones públicas a un funcionario responsable. Suena bien, pero como también ocurre en la empresa privada, no son personas o funcionarios que estén exclusivamente dedicados a fiscalizar estos sistemas. Entonces ocurre que para esa persona es un trabajo adicional, pero la efectividad puede ser laxa.
De hecho, hace algunos meses y a partir del caso de la municipalidad de San Ramón a un alcalde de una comuna muy populosa le preguntan desde un canal de televisión si no teme que el narco pudiera infiltrarse. Y él responde que no lo ve. Y es abogado. Entonces si este alcalde que es abogado no lo ve, menos lo hará otro que no lo es. Si desde 2015 se ha establecido un camino para implementar mecanismos y la máxima autoridad de la comuna no tiene conocimiento de esto, algo está fallando a nivel de instituciones públicas.
¿Usted cree que para lograr cambios y mejorar los controles es un tema de recursos o más bien de voluntad política?
Yo creo que de voluntad política, porque el hecho de implementar o incorporar nuevos sujetos obligados pasa por una modificación a la ley. Ahora bien esto tiene algunos costos asociados a los partidos, porque dicho de manera coloquial, les trancaría un poco la pelota en sus operaciones para levantar campañas.
En suma los partidos son presa fácil.
Efectivamente, los partidos políticos pueden ser presa fácil del crimen organizado.
