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Comisión de DD.H.H. revisa cifras a un año del estallido social

La instancia retomará las sesiones donde han venido participando diversos actores desde el Ejecutivo, la academia, centros de estudio y organizaciones vinculadas a los derechos humanos.

Faltan pocos días para que se cumpla un año desde el denominado “estallido social”. A semanas de ese hecho, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía realizó una serie de audiencias con el fin de conocer mayores antecedentes de los hechos de violencia acaecidos.

El presidente de la instancia, el senador Juan Ignacio Latorre acordó con sus colegas retomar estas sesiones con el fin de conocer qué protolocos se han adoptado para evitar que las policías ejerzan de manera desproporcionada el uso de la fuerza.

Fue así como los congresistas recibieron al Ministro de Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez; al sub director de Carabineros, el general Diego Olate; a la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Catalina Fernández; al profesor de la Universidad Católica de Temuco, Javier Velásquez; y al representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Bustos (ver detalles de la sesión).

CIFRAS POST ESTALLIDO

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez profundizó en los datos de la contingencia social en el marco del estallido social explicando que se registraron nueve mil eventos graves y 25 mil detenidos entre el 18 de octubre y diciembre de 2019.

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“Existieron tres mil 500 lesionados por agentes del Estado (7 de los cuales corresponden a fallecidos), 11 mil lesionadas en general y 347 lesiones oculares (5 de ellas con ceguera irreversible), casi cinco mil carabineros lesionados. En cuanto a los detenidos, la mayor parte corresponden a desórdenes públicos, saqueos e infringir el toque de queda. Entre 18 octubre al 18 marzo del 2020, se interpusieron mil 700 querellas, un 60% de las cuales se hicieron haciendo referencia a la ley de Seguridad Interior del Estado, todo contra tres mil imputados”, detalló.

Asimismo, la autoridad hizo referencia a 663 investigaciones sumarias administrativas y 451 sumarios administrativos, dando lugar a mil 270 procesos indagatorios respecto a irregularidades en la forma en que se ejerció el orden público. Tras estos procedimientos, 17 carabineros fueron sancionados, de los cuales 16 fueron desvinculados. Además se reconoció que mil 230 querellas presentó el Ministerio Público contra estos funcionarios y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) habría hecho lo propio en dos mil quinientos casos.

Respecto a las medidas que permitan evitar acciones de violencia desmedida de Carabineros, cabe señalar que se encuentra en tramitación el proyecto que busca modernizar la gestión institucional de Carabineros, fortaleciendo la probidad y transparencia de las fuerzas de orden y seguridad pública (Boletín N° 12250-25). La norma deberá ser vista ahora por el Senado en su tercer trámite.

El senador Alejandro Navarro consultó si el Estado ha dado una respuesta a los organismos internacionales que aseguran que existirían constantes violaciones a los derechos humanos desde octubre a la fecha, las que habrían sido encabezadas claramente por Carabineros. “Las cifras no guardan relación con las denuncias”, hizo ver.

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