El Gobierno se refirió a la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que dejó en libertad a 43 de los 44 imputados por el delito de desórdenes públicos -presuntamente miembros de la denominada “Primera Línea”-, luego de que fuesen detenidos por Carabineros con la implementación de una nueva estrategia policial.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que como Gobierno respetan la decisión de los tribunales de justicia, pero que no comparten la resolución porque hay que dar señales claras en contra de la violencia.
La única persona que no fue dejada en libertad quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, con una fianza fijada en $250 mil.
Galli se refirió también a este caso luego que el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, aseverara que ser parte de la denominada “Primera Línea” no es un delito en sí, además de señalar que los delitos de desórdenes públicos son de escasas penas
Mientras que el fiscal nacional, Jorge Abbott, indicó que solicitaron la prisión preventiva en aquellos casos que lo encontraban pertinente.
Por último, desde el Ejecutivo señalaron que apelarán a la decisión Séptimo Juzgado de Garantía.
Según consignó El Mostrador, el 7 de noviembre del año pasado, en pleno estallido social, el abogado representante de la empresa AES Gener habría llegado hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso para presentar un documento de desistimiento que ponía fin a una demanda civil presentada por un grupo de pescadores artesanales por los frecuentes varamientos de carbón.
En el documento figuraba una lista con 673 personas, entre ellas pescadores, líderes medioambientales e incluso funcionarios municipales que renunciaban a seguir con el proceso de la demanda.
La defensa de la empresa
Tras la revelación del acuerdo, la firma controlada por capitales norteamericanos, emitió una declaración pública donde “rechazan las acusaciones a interpretaciones que se han efectuado en algunos medios de comunicación respecto del acuerdo de trabajo conjunto firmado con pescadores de la bahía de Quintero”.
“AES Gener siempre ha tenido una relación de colaboración con las comunidades en las que estamos presentes. Durante todo 2019 intensificamos conversaciones con pescadores. Fue un diálogo transparente, en el que intercambiamos información sobre el fenómeno de los varamientos de materiales en la playa de Ventanas, así como sobre la operación de la Central Ventana”, agregan en la declaración pública.
Asimismo, detallan que invitaron a los pescadores “a conocer la central mostrándole in situ su operación”.
Tras aquello, indica la empresa, “los pescadores llegaron a la convicción de que la central no tenía responsabilidad en los hechos aludidos en la demanda, razón por la cual se desistieron. Cada uno de los pescadores firmó voluntariamente, en presencia de un notario”.
“Con el ánimo de profundizar la convivencia armoniosa, establecimos un acuerdo de mutuo beneficio que incluye programas y acciones con la finalidad de contribuir al desarrollo sustentable de caletas de la Bahía de Quintero“, reza el texto.
“Estamos convencidos que este acuerdo es de mutuo beneficio y que permitirá el desarrollo de proyectos que potencien el desarrollo sostenible de la Bahía de Quintero”, finaliza.
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