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Suprema explica por qué juez sancionado por acoso sexual fue trasladado y no removido: faltó cuórum

La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, afirmó que no hubo cuórum suficiente para abrir un cuaderno de remoción contra el juez Pablo Aceituno, sancionado por acoso sexual contra una funcionaria.

Además, la magistrado afirmó que su traslado al tribunal de Porvenir es una medida de protección para la víctima para que ambos no sigan trabajando juntos.

Fue en abril de 2019 cuando el pleno de la Corte de Apelaciones de Rancagua ordenó una investigación administrativa en contra del juez del Primer Juzgado de Letras de San Fernando, Pablo Aceituno, por una denuncia que daba cuenta de conductas que constituían acoso sexual y laboral hacia una funcionaria del tribunal.

En junio se formularon cargos en contra del denunciado,y el tribunal de alzada impuso al juez una suspensión de funciones por cuatro meses con goce de medio sueldo. La sanción fue ratificada por la Corte Suprema.

Sin embargo, el mismo máximo tribunal, conociendo los antecedentes, lo trasladó al Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir.

La vocera del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, explicó que en su momento no hubo cuórum para abrir un cuaderno de remoción contra el magistrado, y que incluso hubo ministros a favor de absolverlo. Además, sostuvo que el traslado del juez era una medida de protección para la víctima.

Los miembros del Colegio de Abogados de Magallanes señalaron a través de un comunicado que cualquier comunidad, independiente de la región, merece ser juzgada por hombres y mujeres probas, moralmente intachables.

El presidente de la entidad, Ramón Ibáñez, mostró su preocupación por el nombramiento.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Soledad Piñeiro, adelantó que están tomando medidas para erradicar estas prácticas al interior del Poder Judicial.

En el Poder Judicial hay una secretaría técnica de género y campañas contra el acoso sexual. Según un estudio realizado por ellos en 2017, uno de cada 10 funcionarios admitió ser testigo o sufrir estas prácticas.

Fuente: BioBioChile.cl

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