Por primera vez se procesó a militares en retiro por la quema de archivos del Ejército en la Escuela de Inteligencia de la institución castrense, que ocurrieron entre el 2000 y 2001.
Fuentes ligadas al caso dieron a conocer en exclusiva a Radio Bío Bío, que el ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Mario Carroza, acusó a generales en retiro.
Se trata de Eduardo Jara Hallad, general de Brigada del Ejército, como autor; la teniente coronel Mercedes Rojas Kuschevich, como cómplice; y Patricio Chacón Guerrero, en calidad de encubridor.
Por su parte, el delito configurado se trata de sustracción o destrucción de documentos, relativos a archivos microfilmados de la Central Nacional de Informaciones (CNI), que estaban en custodia de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
En tanto, la importancia de éstos, se relaciona a que podrían tener antecedentes de crímenes perpetrados durante la dictadura militar.
Una de las querellantes en la causa, la abogada Magdalena Garcés, representando a Londres 38, enfatizó que están satisfechos con la resolución del ministro Carroza, calificándola de histórica porque, a su juicio, es un avance contra la impunidad de los pactos de silencio al interior del Ejército.