No son 26 sino 133 los saqueadores que no enfrentarán un juicio donde podrían haber sido condenados. Este es el número al que accedió Radio Bío Bío y que todo indica podría aumentar en el paso de los días, lo que profundiza las críticas a la actuación de la Fiscalía tras las semanas de violencia inusitada que ha vivido el país desde el regreso a la democracia.
Según confidenciaron fuentes del Poder Judicial, Carabineros y la PDI cumplieron con los pasos establecidos al detener en flagrancia a personas que, según los registros, participaron de los delitos de desórdenes públicos, daños a bienes nacionales de uso público (como el Metro) y robo en lugar no habitado o popularmente conocidos como “saqueos”.
Sin embargo, la decisión que adoptó la fiscalía, que dirige Jorge Abbott, fue lisa y llanamente no llevar a juicio a los responsables sino otorgar una salida alternativa.
Punto que se conoció la semana pasada, luego que la Fiscalía tomara esa decisión con 26 detenidos en los saqueos ocurridos a un supermercado en Conchalí y donde el Gobierno de Sebastián Piñera estaba pidiendo la máxima sanción, como una especie de precedente frente a la ola de hechos de similares características que se han replicado por todo el país.
Pero el intento del Ejecutivo quedó en nada, ya que los fiscales que debían investigar para buscar la condena de los responsables ante un juicio oral finalmente optaron por la salida alternativa.
Es así que la lista de los imputados, que este viernes 6 de diciembre tenían que comparecer ante el 2º Tribunal de Garantía de Santiago -que ve la zona de Quilicura- deberán hacerlo el 27 de marzo del 2020 a las 9 de la mañana. Una audiencia en que simplemente serán notificados de la decisión de la fiscalía, que se traduce en que no tienen ninguna posibilidad de ser condenados.
¿Por qué no buscar una condena?
Durante la presente semana tanto el Gobierno como abogados penalistas, e incluso muy privadamente dentro del mismo Poder Judicial, han aparecido críticas durísimas hacía los persecutores por cómo han enfrentado la situación tras el estallido social que ha estado acompañado también de fenómenos delictivos.
Criticas públicas que descartó el fiscal Nacional Jorge Abbot, el cual expresó cuestionamientos al Gobierno y a la clase política, al afirmar que existiría un desconocimiento de lo que ellos han hecho en los días posteriores al 18 de octubre.
Para defenderse, el Ministerio Público entregó cifras a los medios de comunicación, en las cuales se observa que desde el 18 de octubre hasta el 22 de noviembre han formalizado a 20.217 personas por hechos relacionados con la violencia vivida, lo que se traduciría en 61% más que el mismo periodo del 2018. De estos, 1.957 personas han quedado en prisión preventiva, lo que para el Ministerio Público es una cifra récord, al igual que en la aplicación de cautelares en los delitos más graves e imputados reincidentes.
Criterios de política criminal
Consultado por Radio Bío Bío, el abogado penalista, Rodrigo Vera Lama, explicó algunos puntos a tener en cuenta sobre la actuación de los fiscales en las causas por saqueo. El jurista de entrada sostuvo que “la mejor demostración de que el Ministerio Público opera no sólo con lo que dice la ley, sino con criterios de política criminal, es lo que ocurrió en Aysén”.
“En ese lugar se imputó al prefecto de Carabineros por el delito de obstrucción a la investigación, y ese delito tiene una pena más baja que el robo en lugar no habitado (saqueo). Pero por la connotación que tenía el delito, puesto que el coronel está imputado de haber ocultado evidencia que favorecía a un imputado, aún así la Fiscalía instó para que estuviera en prisión preventiva, no obstante que en caso de condena el coronel no quedará privado de libertad”, explicó el abogado.
Además, Vera Lama agregó que “si uno observa los criterios de actuación que ha fijado la Fiscalía Nacional señala que la suspensión condicional del procedimiento se aplica cada vez que se estime que la persecución criminal no parece necesaria, teniendo en consideración motivos de racionalidad en la actividad de persecución penal”.
“En consecuencia, cuando uno tiene un problema de carácter masivo, donde incluso se está pensando en echar mano a las Fuerzas Armadas para resguardar cierta infraestructura (…) evidentemente que es una mala señal aplicar esta salida alternativa, y lo adecuado, desde el punto de vista de persecución criminal a fin de prevenir futuros delitos, sería que estas personas fueran llevadas a juicio y condenadas y no que existiera esta sensación de impunidad”, subrayó el abogado.
