Este miércoles, la Cámara de Diputados despachó al Senado la ley antisaqueos, iniciativa que cuenta con patrocinio del Gobierno y que pretende modificar el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública con la ejecución este tipo de actos de violencia.
En ese contexto, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) confeccionó un documento para fundamentar la importancia del proyecto, minuta en la cual también entregaron datos de los procedimientos policiales y sus resultados durante el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia.
Allí, el Ejecutivo lamentó el hecho que pese a la gravedad de las situaciones ocurridas entre los días 18 y 27 de octubre “los responsables de los violentos delitos, una vez sometidos a la audiencia de control de identidad, han sido objeto de medidas cautelares menores”.
De acuerdo a La Tercera, desde La Moneda añadieron que “particularmente, durante el Estado Constitucional de Emergencia, de las 8.367 detenciones practicadas legalmente, menos de un 4% terminó en prisión preventiva”.
Sumado a lo anterior, en el mismo texto, desde La Moneda indicaron que tras el fin de los decretos de emergencia, de las 3.698 detenciones practicadas legalmente “solo un 5% de los imputados fue sometido a prisión preventiva”.
A mera vista, el contenido de la minuta podría leerse como una crítica al actuar del Poder Judicial, específicamente de los jueces de Garantía; e incluso de la Fiscalía, órgano con el cual el Gobierno mantiene una tensa relación.
No obstante, la Segpres despejó dudas, al menos en cuanto al manejo de los primeros referidos, y dejó en claro que la precisión del número de prisiones preventivas “no importa bajo ningún punto de vista una crítica a la labor de los jueces”.
Eso ya que estas cautelares “parecerían desproporcionadas si el sujeto no arriesga privación de libertad, aún cuando prospere la investigación penal en su contra; pero sí demuestra la necesidad de otorgar al tribunal la posibilidad de decretar medidas cautelares más intensas en atención a la gravedad de los delitos cometidos, como fueron los de robo en lugar no habitado, desórdenes públicos, receptación y daños, entre otros”, estipularon en el documento.
La Moneda versus Fiscalía
Esta jornada fue un día de declaraciones cruzadas entre el órgano persecutor y La Moneda.
Primero, el fiscal nacional, Jorge Abbott, acusó en conversación con Cooperativa que “desgraciadamente vemos con preocupación que se trata de llevar a sede penal un conflicto de carácter social y político”.
Luego, esta vez en entrevista con Pauta, el fiscal jefe metropolitano oriente, Manuel Guerra, aseveró que -a su parecer- se debe dejar de usar “al Ministerio Público como chivo expiatorio cuando a un Gobierno le va mal en materia de seguridad”.
Después, desde los estudios de Radio Bío Bío en Santiago, y consultada sobre los dichos del persecutor jefe, la ministra vocera, Karla Rubilar, solo se remitió a decir que la Fiscalía debería “dejar de defenderse” y usar esta oportunidad para “mostrar su trabajo”.
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