Siete meses lleva en tramitación el proyecto de ley de control de identidad que será votado este miércoles por la Cámara de Diputados, donde todo apunta que debería contar con los votos suficientes para su aprobación y despacho a segundo trámite en el Senado, gracias al acuerdo de la DC con La Moneda.
Aunque la Comisión de Seguridad de la Cámara aprobó la medida a partir de los 16 años, según lo acordado con la falange, el tema mantiene enfrentados a la oposición y al oficialismo: los diputados RN han cuestionado reiteradamente el pacto del Gobierno y que haya cedido a retroceder hasta los 16 años en lugar de los 14 años planteados inicialmente, aún cuando las cifras indican que, de los menores que delinquen, dos tercios corresponderían a jóvenes entre 16 y 18 años.
Por su parte, Unicef ha sido claro en su rechazo a la idea de aceptar el control de identidad preventivo adolescente -incluso desde los 16 años- argumentando que se contradice con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros tratados internacionales que Chile ha suscrito.
Por su parte, Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, dijo esta semana a Emol que el proyecto de ley en general “representa una vulneración evidente a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y que su aprobación expone al Estado chileno a no estar resguardado ni cumpliendo con aquellas obligaciones que contrajo el año 1990 al ratificar la Convención sobre los derechos de niño”. En ese contexto, a Muñoz no le parece significativa la diferencia entre 14 y 16 años, porque “ambas alternativas infringen los derechos fundamentales de este grupo vulnerable de la población”.
En esa línea, el abogado penalista Juan Carlos Manríquez explicó que “para dirimir este problema se debe tener en cuenta que el control de identidad es una medida prepenal, es una restricción de los derechos de libertad de movimiento de personas -en este caso menores de edad- única y exclusivamente justificada en que la policía necesita saber quién es esa persona”.
“La tensión viene dada porque el control de identidad puede ser usado como una excusa para el allanamiento de ropas o vestidos o para preparar la detención de personas respecto de las cuales no se tienen indicios aún para estimar que han participado de un delito o están en una situación de flagrancia, lo que puede llevar a vulnerar doblemente sus derechos, por ser menores de edad y porque la ley no facultará ese allanamiento ni retención de las personas ante la ausencia de indicios serios de flagrancia, vale decir, sería solo una conjetura policial, inferior a un indicio, lo cual a nivel de derecho comparado evidentemente se reprocha”, subrayó.
Criterio contradictorio
Sin embargo, en contexto, el criterio etario enfrenta algunas contradicciones. Esta semana, la Comisión del Senado aprobó la idea de legislar para rebajar a 14 años la edad para votar en elecciones municipales y a 16 para sufragio en las presidenciales, con los votos de Alejandro Navarro, presidente de la instancia parlamentaria e impulsor de la iniciativa, Juan Ignacio Latorre (RD) y Adriana Muñoz (PPD).
Quienes están a favor de la inicitiva argumentan que determinar que un menor de entre 14 y 18 años es imputable, pero no darle derecho a voto, resulta una contradicción esencial.
“Se estaría intentando armonizar un control preventivo de personas de 14 años hacia arriba, con el argumento de que si pueden votar o pueden cometer otras infracciones de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, lo lógico sería que si se les dan derechos también se igualen hacia ese piso de edad los deberes de cooperar con la policía para mantener la seguridad ciudadana. En ese caso estaríamos hablando de más seguridad a cambio de menos libertad para las personas”, señaló Manriquez.
En este escenario, y mientras RN ya anunció que presentará una indicación para reponer los 14 años como edad para aplicar control preventivo de identidad, sigue faltando un criterio unificado: los diputados DC que lo defienden, entre ellos el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Miguel Calisto, basan su argumentación en que a los 16 años aplica la responsabilidad penal por falta.
El abogado y doctor en Derecho advierte que a nivel de derecho internacional, de derecho comparado y de la legislación interna chilena puede haber desacuerdos. “Desde la óptica constitucional, evidentemente pueden generarse algunos roces, porque la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente trata a estas personas como individuos en formación, de acuerdo a los criterios internacionales, por eso no se habla de delitos cometidos por adolescentes sino de jóvenes infractores de ley”.
Por lo mismo, planteó que el verdadero debate está en determinar una edad límite tanto desde la perspectiva de los derechos como de los deberes ciudadanos a la hora de aplicarlos.
