Vilma Vidal, una mujer de 46 años con leucemia mieloide aguda se encuentra a la espera de un trasplante de médula ósea, atrapada entre los trámites administrativos y judiciales para poder efectuar su operación en el sistema público.
Según denunció el abogado que la patrocina, Rodrigo Rettig, el único tratamiento que puede asegurar su sobrevivencia cuesta 100 millones de pesos, debiendo acudir al sistema público, formando parte la enfermedad de la lista GES.
Ante la demora, el abogado acusa que la mujer es “víctima de la indolencia y negligencia por parte del Comité de Trasplante de Médula Ósea del Ministerio de Salud”.
Respalda su relato mediante una serie de documentos, correos y fallos en un hilo de Twitter.
Entre el Minsal y Tribunales
Según relata, el caso inició cuando el médico de cabecera del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica, Dr. Patricio Rojas, afirmó que el mencionado trasplante debe hacerse.
Pero no fue sólo él, sino también “los seis Médicos del Comité Hemato Oncológico de la PUC adherían al criterio del médico tratante. Afirmaban que en el sistema privado han hecho trasplantes del tipo en pacientes de hasta 65 años”, asegura.
Tras esto, los antecedentes fueron enviados al órgano resolutor del sistema público, la Comisión de Trasplante Médula Ósea del Minsal, desde donde le informaron que enviarán los antecedentes para ser evaluados evaluación “pese a que está fuera del protocolo por edad”.
Esto último, debido a que la víctima supera el límite establecido de 40 años para efectuar este tipo de operación.
“Mientras pensábamos que ‘evaluaban’ la solicitud, decidimos accionar a través de un recurso de protección”, por infracción infracción al artículo 19 de la Constitución, que dice relación con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas.
“El tiempo apremia, la paciente está en remisión pero con 3 quimioterapias ya efectuadas. Cada segundo importa”, explica Rettig.
No fue analizado
Según relata Rettig, “el Minsal informó en la Corte de Apelaciones que, no obstante el sistema público administrativamente había referido que analizarían la petición de trasplante, de plano la habían rechazado por la edad de 46 años, siendo 40 el tope según el criterio técnico”.
“Es decir, si no hubiéramos accionado judicialmente, aún estaríamos esperando la respuesta”, lamenta, recordando que esto contrasta con el mensaje original del ministerio en que se les había afirmado que sería revisado “pese” al límite etario.
La Corte de Apelaciones acogió el recurso, ordenando que se efectúe el trasplante “a la brevedad”, a lo que el Minsal apeló.
A la Suprema
Según narra Rettig, la Corte Suprema falló también a favor de la paciente, pero solicitando un nuevo pronunciamiento a la Comisión de Trasplante de Médula Ósea, esta vez sin considerar el criterio de la edad citado previamente.
“O sea, se confirmó pero el resultado fue quedar aún más atrás de lo logrado en la Corte de Apelaciones”, explica. Es decir, ganaron dos veces por unanimidad, sumando 8 votos contra cero, “pero quedamos en el mismo punto de partida”.
Según cuenta, se le dijo extraoficialmente que la Suprema “cuida” no meterse en decisiones del Gobierno para no ser acusada de “activismo judicial”, lo que Rettig cuestiona dado que los Derechos Fundamentales están consagrados en la Constitución.
Por ello, explica, se quedó con dos opciones: “(1) esperar la tramitación judicial administrativa entre poderes del Estado, y/o (2) gestionar, además, vía válidas opciones para salvar la vida de alguien”.
Sigue la espera
Rettig insistió, comunicándose por correo y por teléfono con la Comisión, quienes le indicaron que el 25 de septiembre sería evaluada la petición. “Ese día no recibí respuesta alguna. Mientras, una persona y su familia esperan, ni más ni menos que una respuesta que prolongue la vida de alguien”, relata.
Además, la mujer ya tiene 2 posibles donantes listos, según indica.
“Pasaron varios días, la respuesta no llegaba. Decidí subir el tono vía correo, dando cuenta de la relevancia del tema, e informando a la Corte lo sucedido” explica, agregando que la Corte pidió este 3 de octubre un pronunciamiento en 48 horas.
En tanto, según indica, se le dijo que de nuevo rechazarían la petición debido a falta de recursos, lo que califica como un “desacato judicial flagrante y ordinario”.
Un caso a la CIDH
Yendo más allá, Rettig asegura que la Comisión de Trasplante de Médula Ósea del Minsal, compuesto según dice por 9 médicos, “tiene continuas y erráticas formas de proceder, que implican eventuales abandonos de deberes y, en este caso, denegación y desacatos de fallos judiciales”.
“Actualmente se tramita otro caso idéntico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, expone, refiriéndose al caso de Clara Meneses Coloma.
