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Banco Unificado de Datos queda listo para entrar en funcionamiento a más de nueve años de su anuncio

10 de septiembre del 2019/SANTIAGO El ministro del Interior, acompañado del general director de Carabineros, Mario Rozas, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y la Intendenta Metropolitana, a a conocer la puesta en marcha de la segunda fase de la Comisaría Virtual, en la que se incorporan cuatro nuevos trámites disponibles para realizar vía web. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Este lunes se publicó en el Diario Oficial el decretó con el cual se visó la entrada en funcionamiento del Banco Unificado de Datos (BUD) a más de nueve años de su anuncio, en agosto de 2010, durante la primera administración de Sebastián Piñera.

En concreto, esta herramienta busca facilitar “la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación”, junto con la mejora en la persecución penal de esos mismos ilícitos”, señala el texto.

Específicamente, la plataforma tendrá por objetivo permitir que las instituciones participantes intercambien “por medios electrónicos y automatizadamente, de manera interconectada y centralizada, dentro de sus respectivas competencias”, los datos personales de imputados y condenados.

Se pretende que tal información sirva como apoyo “a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los tribunales de justicia y de sustento a las políticas de reinserción”, añade el documento.

Dichas instituciones a las que alude la normativa son Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, el Poder Judicial, el Departamento de Extranjería y Migración (Subsecretaría del Interior), el Ministerio de Justicia, el Registro Civil, el Servicio Nacional de Menores y finalmente el Ministerio Públicoque quedó a cargo de su administración.

Pese a lo anterior, todavía podría unirse a este listado la Agencia Nacional de Inteligencia y la Dirección General de Movilización.

“Calidad de los datos”

En su artículo 5, la normativa deja en claro que los datos a ingresar en esta plataforma debe ser “históricosexactosadecuados y pertinentes”.

Así, se destacó bajo el “principio de veracidad” que estos deben ser “íntegros, exactos, actualizados y responder con veracidad a la situación real de su titular”.

En cuanto a los datos personales georreferenciados, “su inyección deberá contemplar la entrega de la dirección correspondiente”.

Con respecto al “principio de finalidad”, la normativa fijó que los datos personales solo se ocupen para los objetivos por los cuales fueron recabados.

Finalmente, en cuanto al “principio de proporcionalidad”, se estipuló que toda información recogida sea la necesaria “para conseguir los fines que justifican su recolección”.

Gobierno contento

La publicación de la normativa generó alegría en el Gobierno y pese a que el mismo decreto entrega el plazo de un año para que el BUD entre en funcionamiento, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito adelantaron que aquello podría ocurrir el 1 de enero de 2020.

La titular del organismo, Katherine Martorell, entregó la fecha tentativa a El Mercurio, donde detalló otros beneficios del BUD.

Por ejemplo, Martorell aludió a las personas con órdenes de aprehensión vigentes que pueden entrar a las cárceles sin que Gendarmería esté en conocimiento del hecho para dar cuenta a las policías. El BUD subsanaría aquello.

“Esto permite que hoy Carabineros, PDI y Gendarmería entre otras instituciones, puedan tener en línea todas las órdenes de aprehensión (…). Es importante tener en línea la información para, por ejemplo, reducir la lista de personas que se encuentran con orden de aprehensión, que hoy son cerca de 13 mil”, dijo la subsecretaria al medio.

Esto seria de vital importancia para el sistema policial y judicial ya que, según la misma Martorell, “un estudio reciente del Ministerio de Justicia dice que el 20% de los delitos se trama en la cárcel”.

Historia

El camino del BUD ha sido largo y sinuoso.

Luego de su anuncio a mediados de 2010, recién vio su creación en diciembre de 2012 y sus primeras pruebas fueron llevadas a cabo en octubre de 2013.

Por otro lado, en cuanto a los costos, el periodo comprendido entre 2012 y 2018 significó la inyección de $3.400 millones solo para su implementación.

Tras ello, el BUD ingresó por primera vez a la Contraloría en marzo de 2018, pero fue retirado al poco tiempo debido a una serie de falencias tecnológicas y de licencias de software, por ello fue que reingresó nuevamente al ente fiscalizador en noviembre de ese mismo año.

Fuente: BioBioChile.cl

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