Además, según acreditó el 19° Juzgado Civil de Santiago, la compañía internacional de ingeniería –que paralelamente es investigada por el Ministerio Público por una presunta estafa de 7 mil millones- adeuda a la empresa chilena Tecno Contruccion & Servicio (TecnoCyS) un monto total que supera los 18.500 millones de pesos.
La justicia civil decretó la liquidación forzosa de la empresa canadiense SNC Lavalín –mayor contratista de Codelco- en el marco de la demanda presentada en su contra por la empresa chilena Tecno Contruccion & Servicio (TecnoCyS), representada por Juan Guillermo García.
Ello, luego que el 9 de agosto pasado, el 19° Juzgado Civil acreditara que la firma extranjera le adeudaba a la demandante un monto total de 18.523 millones de pesos.
Por esta razón, el representante de la compañía afectada, presentó una solicitud de liquidación forzosa que quedó radicada en el 19° Juzgado Civil, el cuál decretó la quiebra de la firma extranjera en su resolución con fecha 21 de agosto.
Además, García solicitó que quien oficie como liquidador sea Carlos Parada, el mismo que lleva la quiebra transfronteriza de Alberto Chang.
La acción judicial fue presentada por TecnoCyS en abril pasado luego que SNC Lavalín no cumpliera con los pagos establecidos en el contrato para la construcción de las plantas de ácido sulfúrico para la Fundición Chuquicamata, una vez que en marzo Codelco pusiera fin anticipado al contrato con la empresa canadiense por las demoras en los trabajos, provocando para la minera estatal, millones de dólares en pérdidas,
Ahora, tras la decisión de la justicia civil y ante la negativa del pago a sus acreedores, la administración en Chile de SNC Lavalín pasará a manos del liquidador, quien oficiará como gerente general y representante legal de la compañía, mientras que –paralelamente- la resolución de liquidación será notificada a la Superintendencia de Bancos y Aduana, además de su publicación para que todos los acreedores que mantengan cobros pendientes verifiquen sus créditos en el proceso de liquidación forzosa.
Con esto, todas las cuentas corrientes que la firma internacional mantiene en el extranjero, podrían ser incautadas y el liquidador podrá disponer de esos fondos para ordenar los pagos pendientes, lo que –a juicio del abogado Luis Gálvez y patrocinador de la firma demandante- “provocará gran impacto internacional pues se trata de una Compañía Multinacional que cotiza en la Bolsa de Valores de Canadá, y que mantiene contratos vigentes de gran magnitud, en el contexto global de sus operaciones”.
Asimismo, agregó que “la firma canadiense, una vez notificada de esta resolución, tiene un plazo de 5 días para pagar el monto adeudado o interés sin costa, bajo sanción de iniciarse inmediatamente un proceso de liquidación de sus bienes”.
“Con esto, la firma queda inhibida de pleno derecho de toda injerencia en la administración, la cual pasa a manos del liquidador”, reiteró Gálvez.
Causa penal por estafa
Paralelamente, SNC Lavalín es investigada penalmente por el Ministerio Público por el presunto delito de estafa respecto a la misma empresa chilena TecnoCyS, tras la querella interpuesta contra cuatro directivos de la firma extranjera.
Se trata del vicepresidente en Chile de la compañía canadiense, César Inostroza; del gerente general Andrew Curtis; del gerente de Finanzas Máximo Aybar; y del gerente de contratos Fruvio Ravolahy, quienes fueron citados por la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente para que presten declaración en calidad de imputados ante la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile, BRIDEC, pero la diligencia no ha podido llevarse a cabo debido a que todos ya abandonaron el país.
En la causa, en tanto, ya declararon como testigos ejecutivos de Codelco y funcionarios de la empresa afectada.
Situación Internacional
Mientras, la compañía de ingeniería con sede en Quebec también está siendo indagada en su país y hace algunos días, medios de prensa locales informaron que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habría violado el código de ética al intentar influir en la entonces ministra de Justicia y fiscal general de Canadá, Jody Wilson-Raybould, para anular la decisión de no otorgar un acuerdo de encausamiento diferido a SNC Lavalin.