*Instancia que indagó irregularidades en licitación cuestiona además gravemente el rol de Cochilco como entidad fiscalizadora de la minera estatal.
Con graves cuestionamientos hacia el actuar de Codelco, tanto a nivel corporativo como de la administración de la División Salvador, y tras meses de sesiones, culminó su labor la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre irregularidades en procesos de licitación de Codelco, particularmente en la División El Salvador, y respecto a las actuaciones de Cochilco y otros órganos del Estado.
La instancia investigadora, impulsada y presidida por la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini, se conformó a raíz de la denuncia de sindicatos de trabajadores que, según consta en el informe de la comisión, advirtieron reiteradamente y sin éxito a las autoridades de la empresa estatal sobre anomalías en la adjudicación, costos y operación de contratos.
Posteriormente Codelco reconoció una sobreestimación de equipos y personal en la licitación de movimiento de mineral en la faena, atribuyéndolo a un error de cubicación del Plan Minero de la División Salvador.
Entre las conclusiones de la comisión especial de la Cámara, se señala que producto de esta situación hubo “consecuencias económicas negativas para la división El Salvador”, las que no han podido ser cuantificadas a cabalidad, pero que, según estimaciones del Sindicato de Supervisores, podrían superar los 90 mil millones de pesos.
A raíz de la entrega del informe con las conclusiones y recomendaciones de los parlamentarios, la diputada Cicardini señaló que “como lo dijimos en su minuto y lo hemos ratificado, acá no estamos ante un error de cálculo, como señaló Codelco, acá estamos ante un horror de cálculo, que raya en la ilegalidad, que le ha costado millones y millones a todo los chilenos y chilenas, despilfarrados por la principal empresa del Estado, y que le ha causado un daño a trabajadores, a la división Salvador y a la región de Atacama”.
“Todo esto ante la irresponsabilidad y a vista y paciencia de las autoridades de Codelco, que a pesar de las reiteradas y anticipadas denuncias de los trabajadores, no hicieron nada ni para evitar las consecuencias de lo que califican como error, ni tampoco después para sancionar debidamente a los responsables”, criticó la parlamentaria.
Asimismo agregó que “acá hubo debilidad en controles internos y responsabilidades políticas y administrativas tanto en el nivel central de Codelco como de la División Salvador; y también han quedado en evidencia las graves falencias en el rol institucional de Cochilco, como principal ente fiscalizador de Codelco y de estos recursos de los chilenos y chilenas”, enfatizó.
“En ese sentido tenemos todo el derecho a preguntarnos si lo de División El Salvador es quizás solo la punta del iceberg, y si no existirán otro tipo de situaciones de este tipo que no hemos pesquisado, en divisiones y contratos mayores de Codelco, ahora o en el pasado”, declaró la diputada.
Cicardini cuestionó también la demora de Codelco en responder a los requerimientos de Cochilco, lo que impidió a la Comisión la posibilidad de incluir al momento del cierre de la investigación, referencias claras a los montos involucrados.
“Sin embargo, si consideramos los cálculos de los trabajadores y del Sindicato de Supervisores, que demostraron ser muy certeros al momento de hacer esta denuncia, podríamos estar hablando de una cifra de alrededor de 3 veces lo defraudado en Carabineros”, indicó.
La legisladora informó además que “debido a la gravedad de estos hechos, como comisión investigadora hemos tomado el acuerdo de remitir los antecedentes a los organismos competentes, entre otros al Presidente de la República, al consejo de defensa del Estado y a la Contraloría de la República, porque creemos que hay mérito suficiente para que estudien iniciar las investigaciones y acciones del caso”, declaró.
Asimismo, la parlamentaria lamentó que, debido a las limitaciones en el mandato y atribuciones de la comisión, ésta no pudiese indagar en otros hechos y aristas del caso, como la veracidad respecto a eventuales conflictos de interés por vínculos de los responsables de una de las empresas contratadas y Ejecutivos de Codelco.
Contexto
En el año 2017 se decidió abrir un proceso de licitación pública para el cual se tomó como base la información contenida en el Plan Minero, que consiste en una proyección de la producción a mediano y largo plazo.
Este proceso de licitación pública se hizo sobre la base de estimaciones que no eran las reales, donde, según antecedentes manejados por los parlamentarios, existían diferencias evidentes entre el Plan minero y lo solicitado por División Salvador.
Debido a ello, se licitó y adjudicó la licitación de maquinaria a la empresa TREPSA, Vecchiola, y Empresa Ingeniería y Maquinarias INDAK, para el movimiento de 104 millones de toneladas, a pesar que el plan minero las estimaba en 54 millones de toneladas, y en circunstancias que antecedentes posteriores señalan que las efectivamente requeridas en el proyecto eran del orden 24,6 millones de toneladas.
Parte de las conclusiones de la Comisión integran incluso un informe de la Contraloría General de la República, el cual indica irregularidades en el proceso de licitación pública de movimiento de material, como la precalificación y adjudicación de empresas sin cumplir requisitos formales, la falta de formalidad de los antecedentes que respaldan el proceso licitatorio, y que un módulo declarado desierto en el proceso de licitación (modulo C-1), se adjudicó por trato directo a una empresa vinculada con INDAK
El documento de los diputados critica también las explicaciones dadas por Codelco para justificar el error de cálculo en el Plan Minero de El Salvador, indicando como origen una confusión entre “recursos y reservas”. Al respecto la comisión indica que “es alarmante y profundamente preocupante que profesionales y ejecutivos de este nivel, que forman parte de la empresa más importante para el Estado de Chile, tengan este tipo de falencias y equivocaciones que rayan incluso en lo absurdo”.
