Según la defensa de los carabineros imputados, existen conversaciones que comprobarían que el exjefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía desde un principio estuvo en conocimiento del presunto montaje policial en el marco de la Operación Huracán. Desde el entorno de Luis Arroyo lo descartan y señalan que es complejo que personas que han falseado información accedan a los teléfonos del persecutor.
El fiscal Arroyo lideró la investigación que en septiembre de 2017 dejó 8 dirigentes mapuches detenidos -entre ellos, Héctor Llaitul– por su responsabilidad en la quema de camiones en las regiones de La Araucanía y Los Ríos. ¿Las pruebas? Una serie de mensajes de WhatsApp y Telegram, que fueron obtenidos desde sus teléfonos a través del programa Antorcha, creado por el profesor universitario Alex Smith.
Así figura en los informes de inteligencia números 130 y 202 confeccionados en la disuelta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros en Temuco, y que a juicio del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma “son completamente falsos”. De ahí que gran parte de los involucrados se mantengan en prisión preventiva, incluido Alex Smith.
Sin embargo, una resolución de la Corte Suprema abrió una nueva arista para la defensa de los exuniformados, quienes aseguran que el exjefe de Alta Complejidad, Luis Arroyo, siempre estuvo en conocimiento de la operación Huracán, y devolvió al Juzgado de Garantía de Temuco la decisión de liberar las copias forenses de los tres teléfonos del persecutor.
Teléfono
En una denuncia que fue presentada al fiscal nacional, Jorge Abbott,se señala una copia forense del teléfono del exmayor de inteligencia de Carabineros, Patricio Marín, donde aparece una conversación con el fiscal Arroyo, dos meses antes de las detenciones de septiembre de 2017.
De ella se podría desprender que el fiscal Arroyo solicitó una copia en papel del informe, para incluir correcciones al documento que preparaba inteligencia de Carabineros. Es por esto que los formalizados quieren conocer la copia de los teléfonos del persecutor, solicitud que ha sido negada por vulnerar su intimidad.
Según su abogado, José Martínez, “el teléfono tiene asuntos de la vida privada de él (Arroyo), incluyendo conversaciones y fotos con sus hijos y con su cónyuge, por lo que a nosotros nos parece bastante complejo que se entregue esa copia forense a quienes han falseado el contenido de las comunicaciones del fiscal Arroyo”, enfatizó.
Elementos borrados
Marissa Navarrete, defensora del excapitán de Inteligencia de Carabineros, Leonardo Osses , acompañó junto a la solicitud de sumario un informe pericial criminalístico privado sobre las imágenes encontradas en el teléfono de la exabogada asistente del fiscal Arroyo, Mónica Palma.
Según las conclusiones del informe, se logró establecer que se borraron del celular de la exabogada asistente un total de 1.676 elementos, lo que abre una serie de dudas sobre la información y conversaciones que contenía este teléfono.
“El análisis de la evidencia debe ser completo y objetivo, y no solamente destinado a probar la teoría de la Fiscalía. Se ha limitado el ejercicio de la defensa al no hacer diligencias que hemos pedido al inicio de la investigación”, defendió la abogada Navarrete.
El cuestionado informe 202 de inteligencia de Carabineros, en particular, detallaba que la asistente del fiscal Arroyo filtraba información a dirigentes mapuches antes de llevar a cabo las detenciones, bajo el supuesto encubrimiento del persecutor, debido a que ambos compartían una relación sentimental. Esta arista fue cerrada por el fiscal del Caso Huracán, Carlos Palma, por considerar que la información era falsa.
Obstrucción
En diciembre de 2018 el fiscal Arroyo declaró como imputado ante el fiscal regional de El Maule, Julio Contardo, por la investigación que se abrió en su contra bajo cargos de obstrucción a la investigación, luego de la presentación de querellas que apuntaban al conocimiento que tenía el persecutor de la fallida Operación Huracán.
“Tengo la práctica desde siempre de eliminar todo aquello que considero privado. En relación a las conversaciones con mi jefatura y con las propias policías, incluso el mismo Marín, las eliminaba, y porque desde mi visión como abogado legalmente no existe norma legal o reglamento que me obligue a mantener información de mi celular institucional y celular personal”, señaló Arroyo.
Sobre los correos electrónicos que intercambiaba con el exoficial de inteligencia, Patricio Marín respondió que “revisando mi correo electrónico no tengo en la bandeja de entrada (haber) recibido dicho correo. En mi práctica no está la de leer todos mis correos”. Cuestión que para la defensa de los carabineros demuestra la intención de Arroyo de evadir su responsabilidad administrativa en el caso policial.
Por el contrario, para José Martínez, abogado que representa al fiscal Arroyo, lo único que se busca es quitar el foco de la atención en los delitos que cometieron los exuniformados, que son de asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.
Será el próximo 25 de abril la fecha en que el Juzgado de Garantía de Temuco, decidirá si la Fiscalía tiene la obligación de entregar las copias forenses de los teléfonos del fiscal Arroyo, o si defiende la privacidad de las mismas.
Fuente: Biobiochile.cl
