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Promover la inversión: conozca los mecanismos que contempla proyecto que apunta a agilizar los emprendimientos

La iniciativa que modifica diversos cuerpos legales fue respaldada en general por la Sala.

Hasta el 8 de abril se abrió el plazo para presentar indicaciones al proyecto, en segundo trámite, que establece normas para la promoción de la inversión en el país. (Boletín Nº 11.747-03)

Esto, luego que la Sala despachara en general el texto legal, por 29 votos a favor 2 en contra y 3 abstenciones.

En la oportunidad, intervinieron los senadores Ximena Rincón, Felipe Harboe, Rodrigo Galilea, José Miguel Durana, Kenneth Pugh, Carmen Gloria Aravena, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Álvaro Elizalde, Juan Antonio Coloma, Jorge Soria y David Sandoval.

La mayoría de los legisladores, como Rincón, Harboe, Coloma, Galilea, Pugh, Durana, Aravena, Elizalde, Sandoval y Letelier, rescataron la necesidad de facilitar y promover la inversión a través de mecanismos expeditos, especialmente en regiones. No obstante, algunos hicieron presente la necesidad de perfeccionar algunos aspectos del texto legal, de modo de evitar que sirva de incentivo para que algunas empresas evadan los permisos ambientales.

Sin embargo, los senadores Navarro y Soria, se mostraron contrarios a la iniciativa por las aprensiones que genera la regulación del recurso agua. “Si no hay claridad respecto a la DGA, que su primer función es proteger el agua como un bien escaso y cada día más caro, no estoy disponible”, dijo .

La iniciativa que modifica diversos cuerpos legales apunta a  generar un ritmo atractivo de inversión en el país, fortaleciendo la competitividad y productividad de la economía, equilibrando la certeza jurídica y la agilidad y rapidez que demanda la ejecución de proyectos productivos complejos y de crucial importancia, simplificando los procedimientos, sin sacrificar la rigurosidad de éstos.

Entre los objetivos específicos del proyecto se cuentan:

                        1. Disminuir plazos de tramitación, reduciendo el costo asociado.

                        2. Eliminar incertezas jurídicas.

                        3. Mejorar la información disponible para los inversionistas mineros.

– Modifica la ley sobre Bases Generales de Medio Ambiente, eliminando el requisito del guarismo establecido respecto a la capacidad instalada de generación de las centrales y plantas de energía eléctrica (3MW) como actividad susceptible de someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, incorporando como actividad a las centrales o plantas generadoras de energía según sus magnitudes las cuales se determinarán sobre la base de los impactos que produzcan las tecnologías que se utilicen.

– Establece distinción entre los tipos de fuentes contaminantes por razones ambientales, en directa relación a su aporte contaminante, con el fin de fijar la proporción en que deben reducirse las emisiones de éstas.

– Refuerza al SEIA como ventanilla única, en relación a los permisos ambientales sectoriales, reduciendo la burocracia y los plazos de tramitación.

– Regula y ordena los plazos de vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental, eliminando las incertezas jurídicas de éstos.

– Permite al Servicio Nacional de Geología y Minería utilizar como fuente de su catastro de concesiones mineras, las publicaciones en los Boletines Oficiales de Minería.

– Obliga a las empresas que tienen un contrato de arriendo con la CORFO que se dedican a la explotación del litio, a entregar a SERNAGEOMIN un Plan Anual sobre las inversiones que realizan en cada uno de esos lugares, desde el año 2018 hasta el año 2030.

– Contempla adaptaciones a la ley para contar con una plataforma digital que permita la tramitación electrónica de anteproyectos y permisos de edificación; publicar las resoluciones que aprueben los anteproyectos, subdivisiones y permisos, y los permisos de edificación.

– Modifica el Código de Aguas creado la figura de revisores externos y permitiendo la externalización de ciertos trámites de la Dirección General de Aguas.

– Modifica la ley sobre rentas municipales, disponiendo la entrega de manera inmediata de patente provisoria por dos años, por parte de las Municipalidades a los establecimientos que cumplan con los requisitos exigidos.

Fuente : El Senado

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