El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) envió un oficio a las principales editoriales proveedoras de libros de texto escolares y del servicio de plataformas de contenidos digitales para colegios particulares pagados.
Lo anterior, con el fin de identificar las características del modelo de negocio que aplican a los consumidores finales y la forma en que se informan aspectos básicos como la estructura de precios y condiciones de los convenios con colegios, eventuales subsidios, paquetización de servicios digitales, aplicación de descuentos, cambios y criterios para vigencia de las ediciones.
En este último punto, se busca, por ejemplo, indagar la existencia de alternativas para nuevas ediciones descartables o “rayables” y que no permiten reutilizarlas.
El Sernac, a través de los reclamos de apoderados y alertas de vigilancia de mercado, detectó que existen nuevas modalidades para proveer de contenidos educativos a colegios particulares pagados, que surgen de convenios entre las editoriales y los colegios, cuyas condiciones y costos son muchas veces son desconocidos por los apoderados. Ellos incluyen paquetes para programas digitales, tablets, pantallas e instalaciones en los colegios y que se acuerdan deben financiar los apoderados.
La investigación del servicio se remonta a denuncias de agosto de 2018, cuando se requirió información a colegios particulares para conocer ciertos antecedentes respecto de estos nuevos mercados.
Por su parte, en el mercado de textos físicos también se detectaron ciertas opacidades en materia de convenios que permiten generar cambios en las ediciones o “proyectos”, la estructura de precios y descuentos por institución, así como las políticas tras las nuevas ediciones de textos descartables o “rayables”, particularmente, en la medida que no obedezcan a razones estrictamente pedagógicas.
El oficio dirigido a las editoriales Santillana, SM, Parsons y McGaw-Hill y SBS, requiere a las empresas informar sobre estos nuevos modelos de negocio, así como la información que se entrega a consumidores sobre la estructura de precios y descuentos, cambios de ediciones, eventuales subsidios y modelo de incentivos.
Al respecto, el director de la entidad, Lucas Del Villar, destacó la necesidad de transparentar el mercado de textos para colegios particulares pagados, considerando que los libros pueden representar hasta el 70% del presupuesto de la lista escolar y donde no existe más que una alternativa para los apoderados.
Para la autoridad, los consumidores merecen saber cómo funciona este mercado y contar con información veraz y oportuna respecto a los convenios que ofrecen las editoriales a los colegios, si existen razones extrapedagógicas para decidir cambiar determinada edición, editorial o proyectos educativos, la estructura de precios al público, descuentos y/o subsidios a los establecimientos.
También es relevante para una buena decisión el nivel de involucramiento de apoderados y la comunidad escolar, para lo cual se requiere contar con información en forma oportuna y conocer, por ejemplo, si hay costos que se traspasan en sus aranceles respecto a las nuevas modalidades de venta, subsidios de diverso tipo, o el costo real para las familias de utilizar ediciones que son desechables de un año a otro.
“Los apoderados, como cualquier consumidor, necesitan entender este mercado para verificar que se estén respetando sus derechos en cuanto al acceso a la información y a la libre elección. Los apoderados deben saber por qué un colegio elige una u otra editorial, que incentivos tienen ambos, que los precios sean públicos y sepan cuánto durará un libro”, manifestó.
Respecto a las modalidades de programas digitales, Del Villar destacó la importancia de indagar que no existan ventas atadas o paquetizadas, que los subsidios –de existir- se transparenten y que las cláusulas en los contratos no sean abusivas.
El titular del servicio explicó que se analizarán las respuestas de las editoriales y se tomarán las acciones correspondientes si existe alguna infracción. Asimismo, coordinó la entrega de dicha información con la Fiscalía Nacional Económica.
Colegio de profesores aprueba
Tras conocerse la medida, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, reconoció que es una buena medida por parte del Sernac.
“Nos parece una noticia positiva. Este es un negocio muy opaco, muy poco transparente”, manifestó.
En ese sentido, recordó que hicieron recomendaciones en la materia hace unas semanas, por lo que valora la medida.
“Hablamos de un negocio de varias decenas de millones de dólares al año. A un libro se lo venden en licitaciones a 1.800 pesos al Ministerio…a las familias a 42 mil pesos”, detalló.
